Intibucá.- En un giro inesperado, el exdiputado Miguel Ángel Gámez fue detenido en Jesús de Otoro, Intibucá, por la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en cumplimiento de una orden de captura emitida por un tribunal de Jurisdicción Nacional. El Secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció la captura en su cuenta de X, destacando la eficiencia policial y mencionando la orden de detención por fraude en perjuicio de la Administración Pública.

Sin embargo, las declaraciones de la abogada defensora de Gámez, Doris Imelda Madrid, arrojan luces sobre el proceso. En una entrevista a TN5, cuestionó por qué no se ejecutó la captura entre el 12 y el 28 de diciembre, periodo en el que Gámez se presentó voluntariamente. Madrid plantea interrogantes sobre la comunicación entre el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad, señalando que el fallo no recae en el Poder Judicial ni en el Ministerio de Seguridad, sino en la falta de coordinación.

Madrid también expresó su preocupación por la forma en que se llevó a cabo la captura, alegando que Gámez mostró la documentación pertinente a los elementos de DIPAMPCO, quienes procedieron a detenerlo. Destacó la falta de comunicación y calificó la situación como «terrible.»

El caso se complica aún más con la publicación del secretario de seguridad, quien, posteriormente, indicó en su red social de X que Gámez se habría presentado voluntariamente al juzgado, que emitió una contraorden a la captura, situación que no fue notificada a la Policía de Honduras. Sánchez anunció una investigación sobre posibles contraórdenes pendientes.

La polémica se centra en la aparente falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la ejecución de las órdenes judiciales. Mientras, la abogada defensora exige la liberación inmediata de Gámez, porque asegura que Gámez goza de medidas cautelares distintas a la prisión, agregando que hay una comunicación que fue dada con anterioridad al director de la DPI, al director de la ATIC, y hay un acta de resolución:

En la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a los 28 días del 20 de diciembre del año 2023, presente en este lugar el imputado Miguel Ángel Gámez, con identidad número 1007-1954-00244 de nacionalidad hondureña, a quien se le supone responsable del delito fraude en perjuicio de la administración pública.

La suscrita secretaría por ley de ese despacho le hizo saber que en audiencia de declaración de imputado celebrada el día 28 de diciembre de 2023, en la cual se le impuso las medidas cautelares menos gravosas establecidas en el artículo 173, numerales 5, 6 y 7 del Código Procesal Penal, consistentes en el imputado, queda bajo el cuidado y vigilancia de su defensora, abogado Doris Imelda Madrid Cerón misma, que deberán rendir informe del cumplimiento de las medidas cada 15 días, el numeral 6, presentarse al juzgado de paz del municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, el día viernes de cada semana, a partir del día viernes 5 de enero del año 2024, para lo cual deberán de registrar la huella dactilal en el sistema biométrico para constatar el cumplimiento de la presente medida con el libro que se lleva para tal fin, y el numeral 7, prohibirle al imputado salir del país.

La audiencia inicial está programada para el 4 de enero de 2023, donde se espera que se aclaren los detalles y se decida el rumbo del caso.