Tegucigalpa. La ministra de Derechos Humanos de Honduras, Angélica Álvarez, ha rechazado vehementemente el informe presentado por el departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

A través de su cuenta de red social “X”, la ministra expresó su desacuerdo con el informe, argumentando que este «niega los avances del país en materia de derechos económicos, sociales, políticos y culturales».

Álvarez reconoció la existencia de desafíos en el país y aseguró que se encuentran trabajando incansablemente para reducir las brechas y garantizar el pleno goce de los derechos humanos para todas las personas. En una declaración textual, la ministra posteo.

 «Rechazamos enfática y categóricamente el informe sobre la situación de DDHH en Honduras elaborado por el Departamento de Estado. Este instrumento niega nuestros avances en materia de derechos económicos, sociales, políticos, culturales. Reconocemos los desafíos y trabajamos arduamente para reducir las brechas y garantizar el goce pleno de los derechos humanos de todas las personas».

El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, también se unió a la postura de rechazo hacia el informe estadounidense. Reina afirmó que «rechazamos y desconocemos el informe de DDHH emitido por el Departamento de Estado de los EEUU sobre Honduras 2023. Por respeto a un principio fundamental y básico, ya que no reconocemos informes ni medidas de carácter unilateral realizadas por un Estado sobre otro Estado Soberano».

El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicado recientemente, destaca una serie de preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante el año 2023. Entre las principales preocupaciones se encuentran los abusos cometidos en el marco del estado de excepción, la falta de libertad de expresión, la corrupción gubernamental, la debilidad del poder judicial y la persecución a los activistas comunitarios y de la diversidad sexual.

Además, el informe revela denuncias de prácticas de tortura, inhumanas y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas. Se señala también la ineficiencia del sistema judicial como un factor que ha contribuido a retrasar los procedimientos en el sistema de justicia penal, generando detenciones preventivas prolongadas que han sido identificadas como un problema grave.

Las autoridades estadounidenses han expresado su preocupación por estas cuestiones y han instado al gobierno hondureño a tomar medidas concretas para abordar estas violaciones de derechos humanos en el país.