Tegucigalpa. La reciente entrada en vigor de la amnistía energética en Honduras ha generado cierto alivio entre los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quienes podrán evitar el pago de multas y recargos en sus facturas de electricidad.

Sin embargo, es importante reflexionar sobre si esta medida es suficiente para abordar los problemas estructurales que enfrenta la empresa estatal y para proteger los derechos de los consumidores.

Si bien la amnistía proporciona un respiro financiero a aquellos que se encuentran en situación de mora, no aborda las causas subyacentes de la crisis energética en Honduras.

La ENEE ha enfrentado históricamente problemas de eficiencia, corrupción y falta de inversión en infraestructura, lo que ha resultado en cortes de energía frecuentes, pérdidas financieras y un servicio deficiente para los ciudadanos.

Además, la duración limitada de la amnistía hasta junio de 2024 plantea interrogantes sobre su efectividad a largo plazo. ¿Qué sucederá con los usuarios que continúen enfrentando dificultades económicas después de esa fecha? ¿Se implementarán medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del suministro eléctrico y proteger los derechos de los consumidores?

Por otro lado, la amnistía energética podría considerarse como una medida paliativa que no aborda las raíces del problema. En lugar de simplemente exonerar las deudas acumuladas, ¿no sería más efectivo abordar las deficiencias sistémicas de la ENEE y promover políticas que fomenten la eficiencia energética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del sector eléctrico?

En última instancia, la implementación de la amnistía energética plantea la necesidad de un debate más amplio sobre el futuro de la energía en Honduras.

¿Qué tipo de reformas son necesarias para garantizar un suministro eléctrico confiable, sostenible y accesible para todos los hondureños?

Estas son preguntas cruciales que merecen una atención cuidadosa y un compromiso genuino por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

La amnistía eléctrica fue aprobada en enero de 2024, por el Congreso Nacional como una medida para aliviar la presión económica de los abonados.