Tegucigalpa. En un contexto marcado por la creciente preocupación de los ciudadanos hondureños respecto al cumplimiento de sus derechos fundamentales, la socióloga Julieta Castellanos ha hecho un llamado de atención sobre el probable aumento de reclamos hacia el Gobierno Central por deficiencias en áreas vitales como salud, infraestructura y abastecimiento de agua.

Según Castellanos, quien también se desempeñó como rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los reclamos ciudadanos no son meramente políticos, sino que reflejan una creciente conciencia de la población sobre sus derechos y una demanda legítima de respuestas por parte de las autoridades.

«La gente cada vez tiene más conciencia de sus derechos y por eso hace sus reclamos, que no son políticos».

La socióloga destacó que, en la actual administración gubernamental, se observa un manejo deficiente o incluso la imposición de decisiones, lo que ha provocado reacciones tanto de grupos afectados en sus derechos como de empleados de instituciones públicas.

En referencia a las manifestaciones y bloqueos de carreteras como forma de protesta, Castellanos mencionó que, aunque algunas de estas acciones son promovidas por grupos afines al partido Libre, la ciudadanía en general ve en estas prácticas una vía efectiva para obtener respuestas a sus demandas.

Castellanos también subrayó que, si bien los diputados del Congreso Nacional y los gobiernos locales también están sujetos a demandas ciudadanas, la mayoría de estas se dirigen al Gobierno central.

Un ejemplo citado por la socióloga es la situación en el sistema de salud, donde las deficiencias son evidentes y los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas, están organizándose y manifestándose para exigir una atención de calidad.

En este contexto, recordó la reciente protesta de pacientes renales que bloquearon la carretera CA-5, la principal del país, para demandar mejoras en sus tratamientos.

«Las personas, a medida que se dan cuenta de que tienen derechos y de que el Estado está obligado a protegerlos y no lo hace, van a salir a protestar», concluyó Castellanos.