A la vez, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) informa en un comunicado, que ha iniciado ante el Congreso Nacional, acciones para derogar el decreto 252-2013 que permitió el cambio de límites del área protegida.

Resulta que fue a través de presiones que en el reciente pasado, en el Congreso Nacional se permitió hacer modificaciones a la ley con un posterior fin de ‘legalizar’ el USO DE LA TIRRA’, sin importar el perjuicio ambiental que eso causaría.

En virtud de lo anterior, el ICF asegura haber denegado permisos de explotación minera a varias empresas que pretendían arrasar con más de 12 hectáreas de bosque, según lo expone en el siguiente boletín.

El @GobiernoHN a través de @ICFHonduras, consecuentes con nuestras responsabilidades y conscientes de la importancia y presiones del área protegida, Parque Nacional Montaña Botaderos “Carlos Escalera”, siendo una de las áreas con mayor deforestación por actividades ilícitas que han promovido el cambio de uso de suelo, hemos mantenido de manera contundente nuestra posición de defensa de los recursos naturales del área protegida y garantizar beneficios colectivos a las poblaciones.

En relación a las solicitudes de empresas mineras y acciones realizadas, en el 2022 y 2023, informamos lo siguiente:

1. Hemos denegado la solicitud de 3 planes de salvamento, que pretendían el cambio de uso de suelo y realizar tala rasa en 12.6 hectáreas de bosque primario y de importancia hídrica.
2. Se han asignado recursos a través del “Programa Presidencial, Padre Andrés Tamayo” para realizar procesos de restauración y recuperar la gobernanza en este territorio.
3. Se han realizado coordinaciones y gestiones con @sernaHN y Fiscalía del Ambiente, en relación al cumplimiento de las licencias ambientales emitidas.
4. Acciones ante el Congreso Nacional para derogar el decreto 252-2013 que permitió el cambio de límites del área protegida.
5. Respaldamos totalmente el planteamiento y propuestas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa.

No obstante, y a pesar de este trabajo divulgado por el ICF, entre las organizaciones ambientales no existe precisamente confianza en la labor realizada desde esa oficina gubernamental.