“El oficialismo no quiere soltar esa sala porque ahí está su tesoro escondido”, cuestionó el analista al enfatizar que allí reposan múltiples recursos legales que pueden impactar directamente en las elecciones de noviembre.

Tegucigalpa. La tensión institucional volvió a escalar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ayer, cuando el magistrado Fernando Padilla fue súbitamente desincentivado de asumir la presidencia de la Sala de lo Constitucional, supuestamente tras ser notificado de una “denuncia” en su contra. El hecho ha desatado una tormenta legal y política, mientras la presidenta de la CSJ, Rebeca Obando, guarda un silencio que preocupa tanto a los sectores judiciales como a la ciudadanía.

Lo que comenzó como un trámite ordinario —la rotación establecida para la presidencia de la Sala Constitucional— terminó convertida en una disputa sobre la legalidad, la independencia judicial y el poder detrás de una de las salas más estratégicas del sistema de justicia. La convocatoria fue recibida por Carlos Almendares Cálix, secretario de la Sala Constitucional, y todo indicaba que Fernando Padilla asumiría su rol conforme a los acuerdos previos. Sin embargo, en cuestión de horas, el escenario dio un giro drástico tras una presunta llamada directa de Obando, quien habría advertido sobre una denuncia en curso.

Una denuncia no es condena

El abogado Leonel Núñez no tardó en salir al paso. “Le dicen que no puede asumir porque hay una denuncia… ¡ni siquiera un requerimiento fiscal! Es decir, hoy denuncio a alguien ante el Ministerio Público y ya con eso le arruino la vida. ¡Ojo señores!”, cuestionó en entrevista con el periodista Carlos Martínez. Núñez recordó que una simple denuncia no invalida la presunción de inocencia y que ni siquiera un requerimiento fiscal basta para inhabilitar a una persona de ejercer un cargo público, mucho menos si aún no ha sido vencida en juicio.

¿Quién teme a la rotación? El trasfondo político detrás del bloqueo

“El argumento que maneja la presidenta de la CSJ es una aberración jurídica. Entendemos que es abogada, pero se nota su poca experiencia litigando. Está cometiendo errores graves que huelen más a intereses políticos que a legalidad”, dijo Núñez, advirtiendo que detrás de esta crisis institucional hay una maquinaria más grande operando: “El gobierno pretende sostener un show mediático mes a mes hasta el día de las elecciones. No se extrañen si pronto hay requerimientos contra candidatos opositores. Todo está escrito en el libreto del Foro de Sao Paulo”.

Según las versiones que circulan entre pasillos judiciales, existe presión para evitar que Padilla tomara el cargo, mientras se estaría busca reinstalar a la magistrada Marlina Dubón, quien ya ocupó esa presidencia en la rotación anterior. “Sería un insulto jurídico, una manipulación del proceso. Ella ya fue presidenta, no le corresponde ahora”, señaló Núñez.

El celular incómodo y las presiones dentro del Poder Judicial

A esto se suma un dato que ha generado inquietud: el supuesto decomiso de un teléfono celular a un exjuez, que contendría información comprometedora sobre familiares de la presidenta de la CSJ y otros operadores judiciales. Este dispositivo —según versiones no confirmadas oficialmente— habría motivado una conversación directa del fiscal general Johel Zelaya con Obando, exigiendo que ciertos requerimientos fiscales fuesen admitidos sin objeción. “Lo que se dice es que hay muchas personas pidiendo favores en ese celular. Y que eso es lo que ha puesto contra la pared a la presidenta”, afirmó Núñez.

La disputa por la Sala Constitucional no es trivial. Allí reposan múltiples recursos legales que pueden impactar directamente en las elecciones de noviembre. “Hay recursos que no se han discutido, que no han pasado al pleno, y que podrían ser usados para inhabilitar personas antes del proceso electoral”, advirtió Núñez. “El oficialismo no quiere soltar esa sala porque ahí está su tesoro escondido”.

El panorama se complica aún más con la percepción de que la independencia judicial está siendo sacrificada en favor del control político. “Están nombrando jueces y magistrados en todo el país para responder a personas, no a la ley”, denunció. Y aunque afirma que la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas estarían comprometidos con la democracia, advierte que una cúpula pequeña se mantiene aliada al poder mediante prebendas, ayudando a crear una apariencia de respaldo militar.

El llamado a resistir: democracia, justicia y elecciones en juego

“Todo esto es parte de un plan bien estructurado. Generan caos y confusión, desvían la atención del pueblo con disputas internas, mientras se reconfigura el sistema de justicia para asegurar la permanencia en el poder. No podemos permitir que nos roben otra vez la democracia”, subrayó Núñez, llamando a la ciudadanía a enfocarse en las elecciones y a defender el derecho al voto libre.

Finalmente, el abogado hizo un llamado a los magistrados liberales y al pleno de la CSJ: “Con seis de quince magistrados no hay mayoría. Que no se olviden del juramento que hicieron ante la Constitución. Las decisiones que tomen hoy los van a perseguir en el juicio de la historia. No le fallen al país”.

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