Tegucigalpa.– El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio luz verde al Reglamento de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una medida destinada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención hacia los hijos por parte de los progenitores. Esta iniciativa, propuesta por la coordinadora de los juzgados de familia, Ana Cardona, establece un mecanismo similar a una central de riesgo para aquellos padres que incumplan con el pago de la pensión alimentaria.

Según Cardona, el reglamento implica una serie de restricciones para los deudores, incluyendo la negación de créditos, apertura de cuentas bancarias y otras operaciones financieras por parte del sistema bancario. Además, quienes figuren en este registro enfrentarán la negación de documentos de identificación personal, como pasaportes, licencias de conducir y permisos de operación de negocios.

La coordinadora de los juzgados de familia enfatizó que estas medidas se implementan en áreas del interés superior del menor, buscando proteger sus derechos fundamentales. Asimismo, aclaró que tanto hombres como mujeres tienen el derecho de presentar demandas de alimentos en caso de incumplimiento por parte del progenitor no custodio.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos fue establecido por el decreto legislativo 51-2016 como parte de la reforma a la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable.

Hasta la fecha, se han presentado un total de 255 demandas de alimentos ante los juzgados, de las cuales solo dos fueron interpuestas por hombres, según informó Cardona. Esta cifra refleja, según sus palabras, una preocupante falta de responsabilidad por parte de algunos padres y madres en el cumplimiento de sus obligaciones hacia sus hijos menores.

La coordinadora de los juzgados de familia expresó su confianza en que la implementación del Reglamento de Registro de Deudores Alimentarios Morosos contribuirá significativamente a reducir la mora de alimentos en el sistema judicial, que cerró el año 2023 con 1,500 demandas pendientes.

En última instancia, Cardona destacó que el concepto de alimentos abarca una serie de derechos fundamentales para los menores, que van más allá de la simple manutención económica, incluyendo aspectos como la educación, la salud, la recreación y la vivienda. Por lo tanto, el incumplimiento de estas obligaciones constituye una violación de los derechos de los niños y niñas involucrados.