Eso porque la adjudicación de un contrato para los tratamientos de hemodiálisis a más de 4,000 pacientes renales, puso en batalla a dos empresas que fue más allá de lo comercial al disputarse tal contrato.

Lo peligroso de todo esto es que en medio quedaron los pacientes con su salud y vida pendiendo de un hilo, ya que en el ‘ajetreo’ de argumentos de uno y otro lado la confusión fue total; tanto así, que un grupo de pacientes jaló para un lado y otro hacia el opuesto, según de dónde provinieron las manipulaciones.

De ahí que director del despacho del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ricardo López, se vio obligado a recordarles a todas las partes involucradas que toda persona tiene derecho a la salud, el cual tiene que ser respetado y garantizado por las autoridades estatales al brindar tratamientos especializados para que su condición de salud no empeore.

López expuso que es obligación de las autoridades encargadas de la salud en el país, el garantizar que los más de cuatro mil pacientes renales reciban tratamiento especializado para que su condición de salud no empeore y se ponga en riesgo su vida.

Enfatizó que, independientemente de quien atienda a los pacientes renales, la obligación del Estado es garantizar tratamientos adecuados. “Una buena atención permitirá que la persona afectada en su salud pueda gozar de una vida digna y tener la atención que sus familiares y ellos se merecen”, comentó.

“No importa cuál sea la clínica que atienda a los pacientes, lo importante es que el Estado garantice el derecho a la salud y que los pacientes puedan asistir a recibir un tratamiento de calidad”, señaló.