Tegucigalpa. Los representantes de organizaciones internacionales externaron su preocupación por la situación que se vive en el Congreso Nacional de Honduras con la falta de sesiones por más de tres meses.

La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Alice Shackelford, urgió a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo y volver al Legislativo a discutir temas de importancia para el país.

“Hemos hecho llamados en su momento para que el Congreso retome su trabajo y construya un consenso y diálogo al interno de las fuerzas políticas. Hay temas como la amnistía migratoria que debe ser aprobada junto a otras leyes de interés nacional, por lo que deben construirse consensos y que retornen a labores”, sostuvo.

Mientras que el representante en Honduras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Richard Barathe, aseguró que es necesario fortalecer el Estado de derecho.

“Hay que fortalecer el Estado de derecho, esto es fundamental porque todos (los sectores) están observando cuáles son los niveles de estabilidad, de seguridad jurídica, de capacidad y madurez política de un país, de encontrar entendimientos para mantener estabilidad y hacer prevalecer los intereses de país sobre los intereses partidarios”, agregó Barathe.

Para el diplomático, este tipo de situaciones propicia la perdida de capital humano, reduce la capacidad de generar empleo y de mejorar las condiciones educativas del país.

La Comisión Permanente de Congreso, convocó a reuniones con los miembros de las bancadas de oposición en busca de un acuerdo que permita retomar la agenda legislativa. A la vez que impuso un ultimátum a los diputados.

Mediante un comunicado la comisión, dijo que, de no reestablecer las labores legislativas para el 10 de enero, esta entidad se atribuirá las funciones de los diputados en relación a aprobación de leyes y nombramiento de funcionarios.  

Uno de los mayores temores es que dicha comisión (controlada por el oficialismo) nombre de manera arbitraria a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).