Tegucigalpa. La transparencia en el manejo de recursos durante los procesos electorales en Honduras vuelve a quedar en entredicho. Según Emilio Hércules, comisionado presidente de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), más conocida como Unidad de Política Limpia, menos del 10% de los más de dos mil aspirantes a cargos de elección popular han cumplido con la obligación de aperturar y acreditar cuentas bancarias para transparentar el origen, uso y destino de los fondos que financian sus campañas proselitistas.
Hércules fue contundente al señalar que esta falta de compromiso refleja un preocupante descuido de la rendición de cuentas en un momento clave para garantizar la confianza ciudadana en la política.
“Hasta este momento, bien poca cantidad de personas han venido a presentar la acreditación del formato 01, responsable financiero y cuenta bancaria. Importante el llamado a todos. La bancarización es clave, es fundamental para tener clara la trazabilidad de los fondos, o sea, determinar cuál es el origen, el uso y el fin de los mismos, para poder identificar a los aportantes y la calidad de la aportación que se está dando”, declaró el funcionario.
La normativa no deja espacio a la improvisación. El artículo 11 de la Ley de Financiamiento obliga a todos los candidatos a realizar el proceso mediante la banca nacional.
Además, las entidades financieras cuentan ya con el listado oficial de aspirantes, por lo que, según Hércules, no existe justificación para evadir este requerimiento.
De acuerdo con estimaciones de la Unidad de Política Limpia, alrededor de 2,100 candidatos, entre partidos políticos y candidaturas independientes, están sujetos a esta obligación. Sin embargo, apenas una décima parte ha cumplido con el procedimiento.
La institución advierte que la falta de bancarización podría acarrear sanciones económicas y legales, ya que el manejo opaco de los fondos abre la puerta al ingreso de recursos de procedencia dudosa, poniendo en riesgo la legitimidad de los procesos democráticos.
El comisionado recordó que la campaña electoral aún es extensa, con 90 días de contienda, tiempo en el que los candidatos están llamados a respetar la normativa y garantizar la identificación plena de cada aporte recibido.
“El llamado a los candidatos es a ser respetuosos de la ley electoral, conocer los límites de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y en cuanto al financiamiento, tener siempre identificado el origen, el uso y el fin de los recursos para poder rendir cuentas correctamente y evitar caer en multas y sanciones pecuniarias que establece la ley”, subrayó.
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