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VIDEOI De viaje a denuncia: Supuesto Uber derriba tranca y se da a la fuga en residencial Palos Verdes

Denuncias

San Pedro Sula  Un incidente registrado a las 15:19 horas en la residencial Palos Verdes dejó daños materiales y abrió la puerta a posibles acciones legales, luego de que un conductor, presuntamente vinculado a un servicio de transporte tipo Uber, impactara y se llevara la barrera de control de acceso sin detenerse, dándose a la fuga.

De acuerdo con representantes del patronato de la residencial Palos Verdes, el vehículo involucrado —una camioneta negra marca CRV— no respetó el control de acceso, derribó la tranca y abandonó el lugar sin asumir responsabilidad. El hecho quedó registrado en videos difundidos por vecinos, donde se observa el momento exacto en que el conductor arrastra la estructura, cuyo valor asciende a 6,500 lempiras.

El presidente del patronato, quien solicitó omitir su nombre, advirtió que el responsable tiene un plazo de 48 horas para presentarse, reparar el daño o cubrir el costo de la barrera. De lo contrario, se interpondrá la denuncia correspondiente ante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y el Ministerio Público para que se deduzcan responsabilidades.

La huida agrava la situación legal

Según lo establecido en la normativa vigente, el caso podría encuadrarse dentro de varias faltas y delitos. En el marco de la Ley de Tránsito de Honduras, la conducta del conductor podría constituir conducción negligente, no respetar un control de acceso y abandono del lugar del incidente, lo que conlleva sanciones como multas económicas y la posible suspensión de la licencia de conducir.

Sin embargo, el aspecto más delicado recae en el ámbito penal. De acuerdo con el Código Penal hondureño, los hechos podrían tipificarse como daños a la propiedad privada, lo que implica la obligación de resarcir económicamente el perjuicio causado. Además, el hecho de darse a la fuga puede interpretarse como un intento de evadir responsabilidad, agravando su situación jurídica.

Consecuencias legales y acciones de la comunidad

En términos prácticos, el responsable estaría obligado a cubrir el costo total de la tranca dañada, estimado en 6,500 lempiras, además de enfrentar una posible denuncia penal que podría derivar en un proceso judicial si los afectados deciden continuar con la acción legal.

Desde la residencial, los vecinos ya analizan el material de cámaras de seguridad para identificar plenamente el vehículo y su placa, lo que permitiría a las autoridades ubicar al conductor y proceder conforme a la ley.

El patronato reiteró que, más allá del daño material, lo preocupante es la conducta del conductor al no detenerse, lo que —según especialistas— evidencia falta de responsabilidad y podría levantar sospechas adicionales sobre las condiciones en las que se conducía el vehículo.

El caso combina infracciones administrativas y posibles delitos penales: el conductor deberá responder por los daños, podría recibir sanciones de tránsito y, debido a la huida, enfrenta un escenario legal más complejo.

 

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