Tegucigalpa. La diputada independiente Ligia Ramos, integrante destacada de la comisión de energía del Congreso Nacional, ha anunciado que se realizará un exhaustivo análisis de las adendas presentadas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a los contratos energéticos. En sus declaraciones, Ramos enfatizó la importancia de examinar minuciosamente estos documentos para garantizar una comprensión integral de los mismos.

«La verdad que se tiene que analizar bien, leer la adenda completamente no solo la ficha técnica, en eso estamos, aquí en el Congreso solo podemos aprobar o improbar, hay que tener la información completa. Todos tenemos que revisarlos muy minuciosamente», expresó la diputada Ramos.

Ramos también señaló la necesidad de comprender la renegociación de contratos no vigentes, subrayando la urgencia de satisfacer la demanda energética en la zona norte del país: «Lo que sí hay que entender cómo se está renegociando un contrato que no está vigente y eso es por la necesidad de los 227 MW, si no se aprueba será mucho más caro el kWh o nos quedamos sin energía para la zona norte en un porcentaje», agregó.

Esta iniciativa surge después de que hace una semana, el ministro de Energía, Erick Tejada, junto con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, presentaran al Congreso Nacional un conjunto de adendas a 18 contratos de energía, fruto de renegociaciones con los generadores.

Tejada, quien además funge como gerente interino de la ENEE, explicó que estas modificaciones incluyen reducciones en los precios de contratos relacionados con energía térmica, eólica, de biomasa y solar. Destacó también que las empresas han renunciado a incentivos adicionales, lo que supone un importante ahorro para el Estado. Además, adelantó la presentación de más modificaciones respaldadas por análisis legales y financieros.

Se estima que estas renegociaciones generarán un ahorro de alrededor de 30 mil millones de lempiras para Honduras durante la duración de los contratos, según información proporcionada por las autoridades. Este proceso no solo promete un beneficio económico significativo, sino que también asegura una mayor estabilidad energética para el país.