El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, determinó también que el Poder Legislativo deberá reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales

La presidenta de la República, Xiomara Castro, quien lideró hoy la sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) celebrada en Mocorón, Gracias a Dios, decretó estado de emergencia ambiental de los bosques de Honduras y aprobó la creación de la estrategia “Cero Deforestación al 2029”.

“El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordena, a través de la presente resolución, declarar el estado de Emergencia Ambiental de los bosques de Honduras, la defensa de las áreas protegidas y zonas productoras de agua”, reza el documento aprobado en la reunión donde participó Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; Rebeca Ráquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Jhoel Zelaya, Fiscal General de la República; José Manuel Zelaya, secretario de Defensa; Héctor Sánchez, ministro de Seguridad; y, otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

La Estrategia de “Cero Deforestación” contará con un presupuesto de 1,000 millones para ejecución de 2024; 2,000 millones para 2025; 3,000 millones

para 2026; 5,000 millones para 2027; y 8,000 millones para 2028; sumando así una inversión total de 19 mil millones de lempiras, informaron las autoridades. El CNDS, instruyó al Ministerio Público, investigar el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal en la región, cuyas acciones, atentan y destruyen los bosques tropicales de Honduras, especialmente en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.

Además, se ordenó neutralizar y establecer control en las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado y se instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, proceder de acuerdo a los mecanismos legales correspondientes, al decomiso inmediato y la posterior destrucción de acuerdo a la ley, de la maquinaria que depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas.

Las autoridades del Consejo de Defensa, detallaron que anularán jurídicamente las autorizaciones que en áreas forestales ha extendido el Instituto Nacional Agrario (INA) transgrediendo la Ley de Forestal e instruyeron a las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público; y a la Policía Nacional, cumpliendo los requisitos que manda la ley, al desalojo de las actividades de agricultura, ganadería, minería, dragado de ríos, y construcción de proyectos de urbanización, dentro de las zona núcleo de las áreas protegidas, para lo que se extiende un plazo de 45 días.

Las Fuerzas Armadas aumentarán progresivamente, en el tiempo de duración de la estrategia “Cero Deforestación”, hasta 8 mil efectivos asignados a los Batallones de Protección Ambiental para garantizar el ejercicio de la soberanía nacional y defensa de las áreas protegidas, indica la resolución del CNDS, que agrega que, todas las personas naturales y jurídicas, encontradas cometiendo delitos ambientales deben ser capturadas y puestas a disposición de los juzgados especiales de jurisdicción nacional en materia ambiental.

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, dispondrán de 3 jueces de jurisdicción nacional y de 3 fiscales de jurisdicción nacional, respectivamente, con residencia en las zonas de reserva declaradas en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios y otros.

Asimismo, se ordenó la creación de la Comisión para la Cero deforestación al 2029, a cargo de todas las funciones en defensa, protección, y desarrollo sostenible de los bosques de Honduras.

Dicha comisión, que será presidida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y que tendrá en el cargo de “secretario” al Instituto de Conservación Forestal (ICF), deberá presentar en siete días el reglamento para operar la resolución del CNDS y deberá establecer los incentivos para las personas que ubicadas dentro de áreas deforestadas, se incorporen a un programa voluntario de protección, reforestación y defensa de las cuencas productoras de agua.