Tegucigalpa. Las organizaciones Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) emitieron un enérgico comunicado denunciando lo que consideran un secuestro infame por parte del aparato estatal de las instancias creadas para proteger a defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables.

En el comunicado, las organizaciones expresan su consternación por las declaraciones del Consejo Nacional de Protección para Las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, realizadas en una conferencia de prensa.

Según ellas, durante dicha conferencia se señaló de forma vil a Jorge Fernando Jiménez Reyes, presidente de JOPRODEH, y a Dina Meza, directora de ASOPODEHU, por denunciar la asignación de vehículos de lujo blindados a concejales de Sociedad Civil sin realizar un análisis de riesgo.

En palabras del comunicado, «nos inunda un sentimiento de pena ajena al ver cómo el aparato estatal ha secuestrado de forma infame las instancias creadas para la protección de defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables».

Además, denuncian que los supuestos representantes de la sociedad civil se presten para señalar, intimidar y amenazar a defensores de derechos humanos sin presentar pruebas que desacrediten sus denuncias.

Las organizaciones lamentan que aquellos que en el pasado denunciaban los abusos de autoridad ahora se unan contra quienes se atreven a denunciar el accionar del Estado y las organizaciones afines.

Consideran que estas acciones ponen en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes no comparten el accionar del Consejo Nacional de Protección.

Finalmente, JOPRODEH y ASOPODEHU declaran su disposición para hacer frente al ataque del sistema establecido y han informado a organismos internacionales sobre la situación, evidenciando el incremento de la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan los miembros de sus organizaciones.

El comunicado refleja la preocupación de estas organizaciones por la situación de los defensores de derechos humanos en el país y su determinación para resistir cualquier intento de intimidación o amenaza por parte de las autoridades gubernamentales.