Tegucigalpa. Dos empresas privadas de generación de energía retiraron sus demandas contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que representa el cierre de litigios internacionales por un monto aproximado de 400 millones de dólares. La medida fue registrada el pasado 29 de octubre de 2025 y anunciada públicamente este miércoles por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Las demandas habían sido interpuestas por Scatec ASA y por Norfund y KLP Norfund Investments AS, bajo los expedientes CIADI ARB/23/12 y ARB/23/13 respectivamente. Las empresas alegaban incumplimientos contractuales vinculados a acuerdos firmados con el Estado hondureño para la generación de energía.
Renegociaciones y acuerdos poco transparentes
El retiro de las demandas ocurre en el contexto de la llamada Reforma Energética, impulsada por la actual administración, que incluyó un proceso de renegociación de contratos de generación privada. Según la ENEE, se firmaron 18 adendas contractuales que contemplaron reducciones de precios, ajustes a los incentivos y ampliaciones de plazos. Estas modificaciones habrían sido aprobadas por el Congreso Nacional.
De acuerdo con cifras oficiales, los cambios permitirían ahorros anuales de más de 2,000 millones de lempiras y más de 30,000 millones de lempiras proyectados a lo largo del tiempo de vigencia de los contratos. También se afirma que estas medidas han facilitado una reducción acumulada del 28.81 % en la tarifa eléctrica nacional.
Sin embargo, no se ha presentado documentación técnica independiente que respalde estas cifras, lo que genera escepticismo en distintos sectores, especialmente entre expertos energéticos y organizaciones que han exigido transparencia en los acuerdos alcanzados. Hasta ahora, el contenido de las adendas contractuales permanece fuera del escrutinio público.
¿Victoria jurídica o solución negociada sin claridad?
Desde la Procuraduría General, su titular Manuel Díaz Galeas aseguró que el resultado refleja el éxito de una defensa jurídica efectiva basada en el interés público. La ENEE también destacó que esto demuestra la capacidad del Estado de alcanzar acuerdos sin comprometer la sostenibilidad financiera ni energética del país.
No obstante, el retiro voluntario de las demandas plantea interrogantes sobre si existieron concesiones adicionales que no han sido divulgadas y si el Estado hondureño renunció a elementos clave con tal de cerrar los litigios. Especialistas consultados cuestionan si este resultado representa una verdadera victoria jurídica o una salida negociada con costos no revelados.
Contingencia fiscal eliminada, pero riesgos persistentes
Según el comunicado oficial, la cancelación de los reclamos ante el CIADI elimina una contingencia fiscal estimada en más de 10,500 millones de lempiras, una cifra considerable para las finanzas públicas. Sin embargo, expertos alertan que mientras no se reformen las prácticas de contratación, supervisión y fiscalización dentro del sistema eléctrico nacional, el riesgo de nuevos litigios permanece latente.
Además, persiste la percepción de que las empresas generadoras continúan ejerciendo influencia significativa en el modelo energético hondureño, lo que podría limitar la capacidad del Estado para regular con autonomía y equidad.
La falta de información concreta sobre los términos de los nuevos contratos y sobre las condiciones bajo las cuales se retiraron las demandas genera desconfianza en sectores de la ciudadanía, que temen que estas “victorias” sean utilizadas con fines políticos sin que se conozcan sus verdaderas implicaciones.
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