Tegucigalpa. El economista Ismael Zepeda colocó en el centro del debate público una advertencia que atraviesa todo el análisis del presupuesto general aprobado: más allá de las cifras y del discurso oficial, Honduras enfrenta una brecha creciente entre lo que se proyecta en papel y lo que realmente puede sostener su economía. Su lectura, desarrollada en el programa En la Mira, no se limita a cuestionar montos, sino que apunta a la coherencia, sostenibilidad y transparencia del instrumento más importante de política pública.
Desde el inicio, Zepeda plantea que el presupuesto general de la República es mucho más que una cifra global. Se trata, explica, del documento que traduce en números las decisiones políticas de un gobierno: hacia dónde se orientan los recursos, qué sectores se priorizan y qué metas se pretende alcanzar. Sin embargo, advierte que en Honduras este instrumento ha terminado sustituyendo una planificación estratégica que, según su visión, ha sido abandonada por décadas. En ese vacío institucional, el presupuesto se convierte en el principal referente para entender qué está haciendo el Estado y cuáles son sus verdaderas prioridades.
El presupuesto como reflejo de la política pública
Zepeda insiste en que el presupuesto debería ser la expresión concreta de un plan de país, pero en la práctica funciona como un mecanismo que intenta ordenar decisiones que muchas veces carecen de una visión de largo plazo. En ese sentido, señala que la ciudadanía suele percibirlo como algo distante, complejo y difícil de comprender, a pesar de que impacta directamente en la vida diaria.
Al aterrizar la discusión en cifras, el economista se refiere a los más de 444 mil millones de lempiras en proceso de aprobación, una cantidad que por sí sola debería encender el debate público. Para él, el problema no es únicamente el tamaño del presupuesto, sino la forma en que se interpreta y se comunica. En su criterio, la narrativa oficial ha generado confusión al presentar una supuesta reducción que no se sostiene cuando se analiza con rigor técnico.
La ilusión de reducción frente al aumento real
Uno de los puntos centrales de su análisis es la comparación utilizada para afirmar que el presupuesto se redujo. Zepeda explica que esa disminución se basa en un anteproyecto enviado en septiembre de 2025, pero no en el presupuesto aprobado para ese mismo año. Cuando se compara correctamente con el presupuesto vigente de 2025, lo que se observa es un incremento cercano a los 14 mil millones de lempiras.
Este crecimiento, que ronda el 3% nominal, entra dentro de parámetros habituales si se considera la inflación. Sin embargo, el economista advierte que el problema no es el porcentaje en sí, sino el discurso que lo rodea. A su juicio, se ha intentado instalar la idea de austeridad, cuando en realidad el gasto público continúa en expansión.
En esa línea, subraya la importancia de hablar con claridad a la ciudadanía. Para Zepeda, la transparencia no solo implica publicar cifras, sino también explicarlas correctamente, evitando interpretaciones que puedan inducir a error sobre la situación fiscal del país.
Burocracia intacta y gasto en salarios en ascenso
El análisis se vuelve más crítico cuando se examina la estructura del gasto. Zepeda señala que uno de los componentes que más crece es el de servicios personales, es decir, sueldos y salarios. De acuerdo con sus datos, este rubro pasa de alrededor de 94 mil millones de lempiras en 2025 a aproximadamente 106 mil millones en 2026, lo que representa un incremento significativo.
Para el economista, este comportamiento evidencia que no hubo una reducción real de la burocracia estatal. Aunque se eliminaron algunas secretarías y dependencias, el impacto de estas medidas resulta marginal frente al crecimiento de la masa salarial. En su criterio, el aparato estatal sigue absorbiendo una parte considerable del presupuesto, limitando la capacidad de inversión en sectores estratégicos como infraestructura, salud o educación.
Zepeda también cuestiona que no se hayan realizado ajustes en los salarios más altos dentro del sector público. Considera que, en un contexto de discurso de austeridad, era esperable una revisión de estos ingresos, lo cual no ocurrió. Esto, a su juicio, refuerza la percepción de que las medidas anunciadas no se tradujeron en cambios estructurales.
Transición política y costos ocultos del relevo estatal
Otro elemento que introduce en el análisis es el impacto de la transición política en las finanzas públicas. Zepeda explica que el cambio de administración implica costos importantes, especialmente en concepto de liquidaciones, prestaciones laborales y reconfiguración del personal estatal.
En ese contexto, advierte que una parte significativa del presupuesto no se destina a nuevas políticas o proyectos, sino a cubrir obligaciones derivadas del relevo de funcionarios. Este proceso, señala, se vuelve más complejo cuando hay un cambio de partido en el poder, ya que la rotación de personal suele ser más amplia.
Además, vincula este fenómeno con la debilidad del servicio civil en Honduras. Según su planteamiento, la falta de una carrera administrativa sólida provoca que los cambios de gobierno se traduzcan en reestructuraciones profundas, lo que incrementa los costos y afecta la continuidad de las políticas públicas.
Un presupuesto que crece más rápido que la economía
Zepeda sitúa el debate en una perspectiva más amplia al analizar la evolución del presupuesto en los últimos años. Recuerda que en 2022 el gasto público rondaba los 300 mil millones de lempiras y que, en apenas cuatro años, ha superado los 444 mil millones. Este crecimiento acelerado, advierte, no ha sido acompañado por un incremento proporcional en la actividad económica.
La interrogante que plantea es contundente: si la economía no crece al mismo ritmo que el presupuesto, ¿cómo se financia esa expansión? Su respuesta apunta directamente al endeudamiento público. Según explica, los gobiernos han recurrido de manera sistemática a la deuda para cubrir el déficit, lo que ha elevado el nivel de obligaciones del país a más de 18 mil millones de dólares.
En el caso específico del presupuesto 2026, advierte que una parte considerable del gasto dependerá de financiamiento externo, ya que las proyecciones de recaudación tributaria no son suficientes para cubrirlo. Esto, en su opinión, genera una situación de vulnerabilidad fiscal que podría tener consecuencias a mediano y largo plazo.
Impuestos, subsidios y una economía bajo presión
El economista también profundiza en el papel de la política tributaria dentro del presupuesto. Explica que el Estado depende en gran medida de impuestos como el sobre ventas, sobre la renta y los combustibles, lo que limita su capacidad para aplicar medidas de alivio fiscal.
Zepeda señala que reducir impuestos en el contexto actual sería difícil, debido a la necesidad de sostener el gasto público. Al mismo tiempo, cuestiona la efectividad de los subsidios, argumentando que, aunque pueden aliviar temporalmente el impacto en los consumidores, no siempre están bien focalizados ni cuentan con mecanismos claros de rendición de cuentas.
En este punto, advierte que la economía hondureña enfrenta presiones adicionales, como el incremento del costo de vida y una demanda interna debilitada. Bajo estas condiciones, plantea la posibilidad de que el país experimente escenarios de bajo crecimiento combinados con inflación, lo que complicaría aún más la sostenibilidad del presupuesto.
Entre cifras optimistas y realidades estructurales
A lo largo de su intervención, Zepeda insiste en que el problema no radica únicamente en el tamaño del presupuesto, sino en la desconexión entre las proyecciones y la realidad económica. Señala que las cifras presentadas suelen ser optimistas, pero no siempre reflejan las limitaciones estructurales del país.
Para el economista, esta brecha se traduce en una dependencia creciente de la deuda y en una presión constante sobre los contribuyentes. A su juicio, el modelo actual de financiamiento del Estado requiere una revisión profunda que permita equilibrar el gasto con la capacidad real de generación de ingresos.
Un llamado a repensar el modelo de gestión pública
Como cierre de su análisis, Zepeda plantea que el debate sobre el presupuesto debe trascender la discusión coyuntural y enfocarse en cambios estructurales. Considera que es necesario fortalecer la planificación estratégica, mejorar la eficiencia del gasto y consolidar un servicio civil que garantice continuidad en la administración pública.
En su visión, el presupuesto debería dejar de ser un instrumento que crece año con año sin una base sólida y convertirse en una herramienta que impulse el desarrollo sostenible. Mientras eso no ocurra, advierte, Honduras seguirá enfrentando el mismo dilema: cifras cada vez más altas en el papel, pero resultados limitados en la realidad.
Su conclusión es clara: el presupuesto aprobado no solo refleja las decisiones del presente, sino también los riesgos del futuro. Y en ese escenario, la gran pregunta que deja sobre la mesa es si el país está preparado para sostener ese nivel de gasto sin comprometer su estabilidad económica.
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