Tegucigalpa. La esperanza de un nuevo gobierno local se ha convertido, para muchos alcaldes de Honduras, en una pesadilla financiera heredada. Lo que encuentran al asumir el cargo no es una chequera para obras, sino una montaña de deudas y resoluciones judiciales que amenazan con dejar en cero las arcas municipales durante las próximas tres décadas.
La batalla legal se ha convertido en la única salida que varias municipalidades del país han encontrado para evitar caer en la quiebra técnica, aunque para muchas, el daño ya está hecho.
El caso más extremo de esta crisis silenciosa se vive en La Unión, un municipio empobrecido al noroeste de Olancho. Con un presupuesto anual que apenas ronda los 28 millones de lempiras, producto de las transferencias del gobierno central y una exigua recaudación propia, esta corporación municipal enfrenta una demanda judicial que supera los 864 millones de lempiras.
La cifra es tan astronómica que, de perderse el juicio, la alcaldía necesitaría treinta años de su presupuesto completo, sin pagar un solo salario o invertir en una sola calle, para saldar la deuda.
«Hinmy Arturo Ferrera, alcalde de La Unión, expresó a EL HERALDO Plus que las demandas en contra de las municipalidades tipo C, es decir, de las más empobrecidas, dejan atadas las finanzas municipales, porque al hacerse efectiva se quedan sin fondos para operar y atender las necesidades de la población», detalla el informe.
El origen de esta pesada losa judicial se remonta a la administración 2014-2018, cuando, en conjunto con el gobierno central, se otorgó una concesión minera sin el respaldo de la comunidad.
Al ver maquinaria pesada y temer por el daño ambiental, la población bloqueó la operación. La empresa minera se marchó, pero no sin antes demandar a la alcaldía por miles de millones, una factura que hoy pone en jaque la existencia misma del municipio.
Pero La Unión no es un hecho aislado. Datos de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), facilitados a ese medio mediante transparencia, revelan que al menos 1,950.7 millones de lempiras en embargos activos pesan sobre distintas alcaldías del país.
La Ceiba, en Atlántida, lidia con más de 650 millones de lempiras en demandas laborales, mientras que Choluteca enfrenta un embargo por 426.6 millones.
En el caso de la capital del departamento sureño, la situación es tan crítica que un reciente embargo por 27 millones de lempiras les impedirá recibir transferencias del gobierno central durante toda la presente administración.
Ante este panorama desolador, donde la función pública se paraliza y los proyectos de salud, educación e infraestructura se detienen, el Congreso Nacional aprobó una reforma que busca ser un salvavidas.
La medida establece un blindaje del 70% de las transferencias, prohibiendo embargos judiciales que superen el 30% de estos fondos.
El objetivo es claro: evitar que alcaldías enteras mueran de inanición financiera. Sin embargo, para muchos alcaldes y expertos, la solución de fondo pasa por investigar y castigar a los responsables de lo que denominan «autodemandas» o procesos amañados, presuntamente orquestados por administraciones salientes para perjudicar a las entrantes, utilizando el sistema judicial como mecanismo de asfixia presupuestaria.
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