Tegucigalpa. El Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó este lunes un requerimiento fiscal contra tres exfuncionarios del Congreso Nacional (CN), acusados de estar involucrados en un esquema para ocultar irregularidades cometidas durante el período 2018-2022.
Los imputados son Carlos Roberto Avilez Moncada, exdirector financiero del CN; Cinthya Marcela Oyuela Brizzio, exgerente administrativa; y José Rolando Perdomo Cruz, expagador especial del Departamento de Pagaduría.
Los acusados enfrentan cargos por los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia, así como daños a datos y sistemas informáticos. Según la investigación, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, los tres exfuncionarios sustrajeron documentos de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa del Congreso Nacional, argumentando que los trasladaban a viviendas particulares para protegerlos de la administración entrante (2022-2026). No obstante, la intención real era destruir la documentación, que contenía soportes contables, financieros y pagos relacionados con supuestas irregularidades.
El análisis forense realizado en los sistemas informáticos concluyó que varios discos duros fueron manipulados, formateados y sustituidos. Además, se descubrió que los acusados ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos, como memorias USB, e instalaron nuevos sistemas operativos para eliminar los datos, todo como parte de un plan para obstaculizar futuras investigaciones y garantizar la impunidad de los exfuncionarios responsables de la mala gestión de los fondos en el Congreso Nacional.
La destrucción de documentos materiales y digitales representa un acto grave que vulnera la transparencia y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública. Según el Ministerio Público, este tipo de acciones son inaceptables y deben ser sancionadas con todo el peso de la ley para evitar que se repitan prácticas de impunidad en el futuro. El requerimiento fiscal presentado evidencia el compromiso de las autoridades para garantizar la justicia y la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
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