El aviso se basa en publicaciones del medio digital El Faro y del periódico el Diario de Hoy (EDH) de abril pasado en las que se señala «la utilización de reos en fase de confianza y maquinaria de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para la construcción de un rancho de playa de una amiga de la madre de Luna».

Según la información de los medios, «una parte del terreno en construcción pertenece al Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria (ISTA)».

«Venimos justamente por la obligación constitucional que tiene la Fiscalía General de la República de investigar, en primer lugar, sobre la transferencia de inmuebles del ISTA sin el debido proceso, terrenos transferidos o otorgados a personas particulares», explicó a periodista Ruth Eleonora López, jefa jurídica y anticorrupción de Cristosal.

Señaló que la organización solicitó información al ISTA y a la Dirección General de Centros Penales pero fue declarada como reservada.

López apuntó que también se solicitó que se investigue a «altos funcionarios del Gobierno», como el presidente del ANDA, Rubén Alemán, por «posibles actos de involucramiento en los hechos».

Tras la publicación de la información de El Faro y EDH, el ANDA anunció la construcción de una planta desalinizadora en el referido lugar, pero, de acuerdo con López, «en este momento la construcción está en abandono».

Plazas «fantasma»

Los abogados de Cristosal también pidieron al Ministerio Público que se investigue el «abuso de poder» por parte del director de Centros Penales para «la creación de plazas de trabajo fantasmas (inexistentes) en Centro Penales».

«En El Salvador, solo el 44,8 % de las personas que trabajan tienen una remuneración permanente, por lo tanto la creación de plazas fantasmas es una evidencia de como puede afectar directamente a la población salvadoreña los actos de corrupción», agregó López.

La letrada recordó que hace dos años denunciaron ante la Fiscalía y la Corte de Cuentas de la República (CCR) el supuesto desvío de alimentos comprados por el Gobierno de Nayib Bukele y destinados para los afectados por la pandemia.

En ese caso estarían supuestamente involucrados los funcionarios María Chichilco, ministra de Desarrollo Local, Franklin Castro, exviceministro de Gobernación y Luna.

López señaló que a la fecha «no hay respuesta a esta solicitud y advertimos que la Fiscalía lo que está produciendo en el sistema de justicia es impunidad».

«Para un combate real contra la corrupción se necesita, en primer lugar, un combate contra la impunidad y en segundo lugar, una decidida transparencia», añadió.

Luna es uno de los señalados en 2021 por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista de 55 supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» centroamericanos.