Tegucigalpa. En un ambiente de creciente tensión, trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) iniciaron este día asambleas informativas para denunciar una serie de irregularidades que —según afirman— van desde el nepotismo y politización de la institución hasta violaciones al contrato colectivo y retención de fondos sindicales.

La protesta fue encabezada por Esteban Rodríguez, representante del Sindicato de Trabajadores del INFOP (SITRAINFOP), quien expuso la profunda molestia de los empleados ante lo que consideran un “desmantelamiento institucional al servicio del clientelismo político”.

“Estamos en esta asamblea informativa por múltiples violaciones al contrato colectivo y la politización del INFOP. Juan Alberto Barahona, quien fue parte del movimiento sindical y ahora funge como director nombrado por el FRP, está utilizando su cargo para contratar a familiares y activistas del partido”, declaró Rodríguez.

Según el dirigente sindical, Barahona habría colocado a cuñados, sobrinos, nueras, y hasta exesposas en la institución. Aseguran que estas personas no solo fueron contratadas por afinidad política o familiar, sino que también reciben salarios “exorbitantes” en comparación con el personal de carrera.

Uno de los casos que más indignación ha generado es el de Irma Padilla, quien —según Rodríguez— funge como regidora en la planilla del alcalde Jorge Aldana y, pese a no haber renunciado a su cargo público, fue nombrada jefa del Departamento de Desarrollo Empresarial del INFOP, con un salario de 61,000 lempiras, el mismo que una trabajadora logró alcanzar tras tres décadas de servicio.

“Doña Irma no ha renunciado a su cargo de regidora y ya está en una posición clave aquí, disfrutando un sueldo que otros ganaron tras 30 años. Todo por ser nuera de Juan Barahona”, afirmó Rodríguez.

A esta situación se suma lo que el sindicato denuncia como incrementos salariales selectivos, otorgados solo a personal leal al director. Ejemplo de ello, dijo Rodríguez, es la abogada Carmen Judit Montoya Pineda, a quien se le aumentó el salario en 5,000 lempiras por “apoyar durante la lucha”.

Además, los trabajadores exigen la liberación inmediata de los fondos sindicales, los cuales —según los denunciantes— han sido retenidos ilegalmente por el director ejecutivo Carlos Francisco Oso Calderón, afectando el funcionamiento del sindicato y los beneficios sociales de sus miembros.

“Se nos retienen las aportaciones desde hace dos meses. Nos están ahogando económicamente. No tenemos acceso al Seguro Social y esto es ilegal”, dijo Rodríguez, agregando que ya presentaron la denuncia formal ante el Ministerio Público.

La situación ha escalado a tal punto que los trabajadores han iniciado un plan de presión progresivo, comenzando con asambleas informativas en Tegucigalpa, que podrían extenderse a nivel nacional si no reciben respuesta.

“Hoy comenzamos en la capital, pero si no hay solución, esto será permanente y a nivel nacional. Exigimos que se detenga la contratación política y se sometan las más de 250 vacantes a concurso público, como lo establece la ley”, advirtió el representante del SITRAINFOP.

El sindicato también responsabiliza a la Secretaría de Trabajo de permitir estas irregularidades al no intervenir en la defensa de los derechos laborales.