El presidente del Colegio de Abogados, Olbin José Sarmiento, señaló que la Comisión del Congreso debe detallar las causales en su resolución y remitirlas al MP para que determine si hay delito y actúe de oficio contra ellos.
Tegucigalpa. La polémica por la destitución de Marlon Ochoa y del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, sigue encendiendo el ambiente político en Honduras, y ahora suma una voz de peso: la del presidente del Colegio de Abogados, Olbin José Sarmiento, quien lanzó un mensaje directo y sin rodeos al Ministerio Público.
Sarmiento fue claro: la Fiscalía debe actuar de oficio ante los hechos que rodearon el juicio político, especialmente si en la resolución del Congreso Nacional se detallan causales que podrían constituir delitos. Según explicó, no basta con la destitución; el proceso debe escalar a una investigación penal si existen indicios de irregularidades.
El jurista defendió que el procedimiento se realizó “conforme a derecho”, amparado en una ley especial derivada de la Constitución. Sin embargo, no ocultó su preocupación por la forma en que se desarrollaron algunas etapas del juicio, señalando que lo ocurrido dio la impresión de ser “un potrero o un chiste”, algo que advirtió, desluce la seriedad de un proceso político de esta magnitud.
Para Sarmiento, el Congreso tiene una responsabilidad clave: remitir al Ministerio Público las conclusiones del juicio, detallando las causales que motivaron la destitución. A partir de ahí, la Fiscalía deberá valorar si las acciones de los implicados constituyen delito y proceder en consecuencia.
Pero la cosa no queda ahí. Durante el proceso también se mencionaron nombres de personas que, presuntamente, habrían estado extrayendo información o manipulando datos sensibles. Sobre esto, el presidente del Colegio de Abogados fue contundente: todos deben ser investigados.
El abogado planteó que se debe esclarecer si estas personas actuaron bajo presión, coacción o por voluntad propia, ya que esto determinaría la tipificación del delito. Además, lanzó una advertencia directa a los empleados públicos: su lealtad es con el Estado, no con un jefe, y cualquier acción irregular podría tener consecuencias legales.
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