Tegucigalpa. El economista Roberto Lagos cuestionó de forma contundente la Ley de Justicia Tributaria, argumentando que su planteamiento es incompleto porque deja fuera aspectos esenciales como la reducción de impuestos. Según afirmó, el diseño actual de la normativa refleja una mirada parcial que no resuelve los problemas de fondo del país.
“¿Habla la ley de reducir impuestos del 15 al 12%? ¿De bajar las contribuciones de seguridad social a las empresas? Absolutamente no. Por eso esta propuesta es insuficiente y necesita un replanteamiento integral», expresó.
Para Lagos, el análisis del gobierno permanece encerrado en cifras totales y no incorpora los elementos que deberían debatirse de manera global con el sector privado. Sostuvo que la resistencia de algunos grupos económicos no puede interpretarse únicamente desde la óptica de las élites, ya que muchas exoneraciones también benefician a capas más amplias de la población.
Exoneraciones que van más allá de las élites
Al exponer ejemplos concretos, Lagos citó las exenciones por gastos médicos y por los pagos del décimo tercer y décimo cuarto mes, rubros que en conjunto suman cerca de medio punto del Producto Interno Bruto (PIB). Según su análisis, si el Estado garantizara servicios de salud y medicamentos de calidad en los hospitales, se podría recortar parte de estas exenciones sin perjudicar directamente a los ciudadanos.
También recordó que el subsidio a los combustibles —que supera los 6,000 millones de lempiras— constituye un gasto tributario que favorece a distintos estratos sociales, no solo a grandes empresas, reforzando su argumento de que las exoneraciones no son exclusivas de la élite.
El diálogo ausente y las consecuencias económicas
El especialista lamentó que el gobierno no haya creado condiciones mínimas para un diálogo transparente con el sector privado. Insistió en que un plan conjunto habría permitido equilibrar la reducción del gasto público con incentivos a la inversión en infraestructura, salud y educación.
“El problema no se resuelve con un garrote imponiendo pagos, porque eso genera incertidumbre y fuga de empresas, como ya ha pasado con varias maquilas que cerraron en estos tres años”, señaló.
Con estas declaraciones, Roberto Lagos pone en evidencia tres carencias de la Ley de Justicia Tributaria: la ausencia de un replanteamiento fiscal integral, la falta de diálogo real con la empresa privada y la omisión de mecanismos para reducir la carga tributaria. Para él, sin un cambio de enfoque, la normativa continuará generando incertidumbre y alejando inversiones del país.
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