La Comisión Liquidadora cerró o fusionó 26 entidades estatales y espera presupuesto para pagar más de 360 millones de lempiras en prestaciones laborales.
Tegucigalpa. El proceso de reestructuración del Estado hondureño avanza a paso firme con el cierre o fusión de al menos 26 instituciones públicas y más de 1,700 empleados cesanteados hasta la fecha, según informó Leonel Núñez, presidente de la Comisión Liquidadora creada mediante el decreto 004-2026.
El funcionario detalló que la comisión ha revisado decenas de dependencias, programas y oficinas estatales que han sido suprimidas, fusionadas o absorbidas por otras entidades con funciones similares. Asimismo, advirtió que todavía se analiza la situación de otras dependencias para decidir si continúan operando o también serán cerradas.
«Hemos trabajado con mucha responsabilidad, cada uno de los cálculos ha sido refrendado por Servicio Civil o por la Secretaría de Trabajo respetando los derechos y garantías de los trabajadores», afirmó Núñez, quien enfatizó que en las próximas horas se entregarán más cartas de despido como parte del cierre progresivo de las instituciones.
Uno de los puntos críticos del proceso es el financiamiento de los pasivos laborales. El Gobierno está a la espera de la aprobación del Presupuesto General de la República para hacer efectivo el pago de más de 360 millones de lempiras correspondientes a las prestaciones de los trabajadores despedidos. Según explicó Núñez, los expedientes de pago ya están muy avanzados y muchos exempleados ya están siendo llamados para firmar finiquitos y completar el trámite administrativo previo a la cancelación.
Sobre la cantidad total de empleados que podrían ser separados en los próximos días, el abogado evitó dar una cifra definitiva, ya que otras comisiones interventoras continúan evaluando el recurso humano en distintas dependencias estatales. «Por ejemplo, el Programa de Reducción de Pérdidas (ENEE) está bajo otra comisión interventora; ahí fueron cesanteadas más de dos mil personas. Así hay otras instituciones que son revisadas para determinar hasta dónde se pueden reducir su planilla», precisó.
Actualmente, según Núñez, solo entre un 5 % y un 6 % del personal original permanece en las entidades en proceso de liquidación, colaborando en las tareas finales antes del cierre definitivo. En cuanto al impacto financiero de la reestructuración, el funcionario evitó precisar una cifra global de ahorro, pero aseguró que asciende a «millones de lempiras». Citó como ejemplo la Secretaría de Planificación, donde el gasto en salarios se redujo de más de 25 millones a cerca de 2 millones mensuales.
El decreto 004-2026, que creó la Comisión Liquidadora, faculta al Ejecutivo para suprimir entidades duplicadas o consideradas innecesarias, en el marco de una política de austeridad que el Gobierno impulsa como bandera de su gestión.
Facebook
X
WhatsApp
Telegram
