Tegucigalpa. En lugar de fortalecer al campo, el gobierno parece lavarse las manos. Así se percibe tras las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, quien este miércoles afirmó que el gobierno ha llegado a un acuerdo con los beneficios de arroz para fijar el precio de compra en 545 lempiras por quintal, y que quien no esté de acuerdo con ese valor, “está en toda libertad de buscar dónde venderlo”.
Más que una medida de apoyo, sus palabras reflejan una peligrosa indiferencia ante una cadena productiva que, año con año, pierde terreno y capacidad de producción. En lugar de plantear soluciones integrales o escuchar a los gremios representativos, el titular de la SDE descarta el reclamo de los arroceros, sugiriendo que el problema es de ellos, no del Estado.
Un campo que se achica y un gobierno que desconoce su realidad
La producción nacional de arroz ha venido en declive. Según datos del propio sector, la autosuficiencia alimentaria en este rubro está en riesgo, no por falta de voluntad de los productores, sino por falta de garantías, acceso a insumos, crédito oportuno y precios justos. Frente a esto, el mensaje del funcionario es claro: si no les gusta, que se las arreglen solos.
Cabe recordar que no es la primera vez que Fredis Cerrato demuestra desconocimiento sobre los precios reales en el mercado. En 2023, durante una entrevista en televisión nacional, estimó que la libra de pollo costaba siete lempiras, afirmación que generó incredulidad y dejó en evidencia el desconexión entre la política económica del gobierno y la realidad de los consumidores y productores.
¿A quién beneficia el acuerdo?
Cerrato también afirmó que el acuerdo de precio lo establecieron con “los verdaderos productores”, no con el presidente de la Asociación de Arroceros, quien ha reclamado públicamente que el precio fijado no fue consensuado. Para el ministro, no hay conflicto porque “entre quienes producen y compran arroz no hay problema”. Sin embargo, los reclamos del gremio contradicen esa versión.
Además, defendió que los beneficios deben comprar producción nacional para poder importar arroz, como mecanismo de protección al productor local. Pero en la práctica, esta exigencia no compensa el bajo precio que se impone, ni garantiza sostenibilidad al pequeño productor que asume todos los riesgos.
El mensaje del gobierno no solo es insensible, es también contradictorio. Por un lado, promueve discursos de apoyo al agro y a la soberanía alimentaria; por otro, fija precios sin diálogo real y deja sin alternativas a quienes sostienen la producción nacional.
Frente a una caída progresiva en la producción de arroz y un escenario de inflación alimentaria, se esperaría una política pública basada en estímulos, protección real al productor y acceso a mercados, no declaraciones simplistas ni amenazas disfrazadas de libertad de mercado.
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