Tegucigalpa. En un fallo sin precedentes que marca un hito en la lucha contra la violencia de género y la impunidad en el sistema judicial, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER), obtuvo sentencia condenatoria contra Sergio Acosta Valle, juez de paz del municipio de Cedros, Francisco Morazán.
El funcionario judicial fue hallado culpable del delito de maltrato familiar por hechos constitutivos de violencia física, psicológica y patrimonial cometidos en perjuicio de una mujer con quien sostenía un vínculo familiar.
El perfil del agresor: un juez que impartía justicia y violentaba derechos en las sombras
Sergio Acosta Valle, quien tenía la responsabilidad constitucional de administrar justicia y velar por el cumplimiento de las leyes en la comunidad de Cedros, utilizaba su posición para ejercer un patrón sistemático de violencia y control en contra de una dama, según quedó acreditado en el proceso judicial.
La investigación ministerial reveló un historial de agresiones que databan de varios meses atrás, donde el hoy condenado aprovechaba su investidura para intimidar a la víctima y evadir cualquier tipo de responsabilidad.
Doble denuncia y un patrón de violencia en escalada
Durante el desarrollo del juicio, los fiscales del caso lograron demostrar que la ofendida interpuso en dos ocasiones acciones formales ante las autoridades competentes, evidenciando la persistencia del acusado en su conducta delictiva.
En el primer hecho documentado, la víctima se encontraba en el interior de su vivienda en compañía de sus hijos menores de edad, cuando el imputado llegó al lugar y de manera abrupta comenzó a cuestionarla sobre con quién saldría esa noche.
La situación escaló a niveles alarmantes cuando Acosta Valle, tras observar por una ventana a un amigo de la afectada que se encontraba en las cercanías, salió del inmueble portando un puñal con el que intentó atacarlo.
Ese episodio, que pudo haber terminado en tragedia, constituyó el primer antecedente de violencia física que quedó registrado en el expediente judicial.
Terror psicológico a través de mensajes y amenazas
El fiscal del caso detalló que, lejos de cesar en su conducta, días después de este incidente comenzaron a registrarse mensajes intimidatorios y amenazantes enviados por el imputado a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
En estas comunicaciones, Acosta Valle exigía a la víctima abandonar la vivienda que compartían y le advertía sobre supuestas consecuencias graves si no accedía a sus exigencias.
Los mensajes, que fueron presentados como prueba durante el juicio, generaron en la ofendida un estado permanente de temor y zozobra, viéndose obligada a modificar sus rutinas diarias y a vivir en constante alerta por su seguridad y la de sus hijos.
La Fiscalía logró establecer que estas acciones constituían violencia psicológica, al afectar la estabilidad emocional y la tranquilidad de la víctima.
Control patrimonial y hostigamiento constante
Ante el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) del Ministerio Público, los fiscales especializados lograron documentar cómo el encausado ejercía control permanente sobre la vida personal de la víctima, restringiéndole amistades, vigilando sus actividades diarias y realizando constantes actos de hostigamiento que limitaban su libertad y autonomía.
El testimonio de la víctima, respaldado por pruebas periciales y testimoniales, permitió acreditar que el condenado ingresaba con frecuencia a la casa donde residía la afectada con sus hijos, revisaba las diferentes habitaciones y tomaba fotografías sin autorización alguna, reforzando así el patrón de control y vigilancia que caracterizó su conducta durante el tiempo que duró la relación.
Un mensaje contundente contra la violencia de género
Para la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, esta sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad, especialmente cuando se trata de funcionarios judiciales que tienen la obligación de garantizar precisamente el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.
A la espera de la condena
Para este mismo día está programada la audiencia de individualización de la pena, donde el tribunal competente dará a conocer los años de prisión que deberá cumplir Sergio Acosta Valle por su responsabilidad en los delitos de maltrato familiar.
La Fiscalía solicitará la máxima pena contemplada en el Código Penal para este tipo de delitos, considerando el agravante de que el imputado se desempeñaba como juez de paz al momento de los hechos.
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