Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, despejó la tarde de este lunes, las dudas que han circulado en los últimos días respecto a una supuesta emergencia fiscal que podría desencadenar despidos masivos en la administración pública.
“Repito, reitero y recalco: no hay emergencia fiscal. No se va a decretar una emergencia fiscal”, enfatizó el funcionario, saliendo al paso de los rumores que han generado incertidumbre entre los empleados del sector estatal.
Hernández Hércules explicó que la polémica Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, impulsada por el gobierno de Nasry Asfura, no busca declarar una crisis fiscal, sino implementar una serie de medidas administrativas para hacer más eficiente el gasto público.
El punto central de la iniciativa es la reducción del aparato burocrático, que pasaría de 113 a 78 instituciones, una reestructuración que, según el ministro, se realizará con total respeto a los derechos laborales.
“El objetivo es dinamizar las demandas para poder llevar a cabo una conciliación favorable que beneficie a la persona y también al Estado para cuidar el tesoro nacional”, afirmó el titular de Finanzas, refiriéndose a las miles de demandas laborales acumuladas en los juzgados.
Estas incluyen reclamos por salarios caídos, aumentos no percibidos y solicitudes de reintegro laboral de exempleados públicos.
Uno de los argumentos más sólidos esgrimidos por Hernández Hércules para justificar la necesidad de esta ley fue el preocupante aumento de los embargos contra la caja única del tesoro.
Según detalló, en los primeros diez días de la actual administración, los embargos provenientes del Poder Judicial superaron los 3 mil millones de lempiras, una cifra que contrasta con el promedio anual de 2 mil millones registrado en los últimos cinco años.
“Es por ello que en el decreto se solicita y se faculta para que se pueda proteger el tesoro nacional”, justificó.
Finalmente, el ministro hizo un llamado a todas las bancadas del Congreso Nacional para que apoyen la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, garantizando que, en el proceso de reducción del Estado, se cancelarán todas las cesantías y prestaciones correspondientes a quienes sean removidos de sus cargos, despejando así los temores de una afectación masiva e injusta a la clase trabajadora.
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