San Pedro Sula. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), logró que un juez impusiera medidas cautelares contra el ciudadano Carlos Eduardo Llopis Hernández, acusado de agredir y privar de libertad a trabajadores de un medio de comunicación en Puerto Cortés.
La resolución fue emitida durante la audiencia de Declaración de Imputado celebrada en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, donde el ente acusador presentó elementos que vinculan al señalado con los delitos de coacciones y privación ilegal de la libertad, en perjuicio del periodista Cristhian Joel Rowe y del comunicador social Arnold Bejarano de la O.
Según la investigación fiscal, el imputado, quien es activista político del partido Libertad y Refundación (Libre), habría llegado a las instalaciones del canal de televisión y, en un acto considerado intimidatorio, cerró con candado el portón principal del inmueble, colocando además un rótulo con mensajes ofensivos.
Esta acción provocó que uno de los trabajadores quedara encerrado dentro del edificio, sin posibilidad de salir, afectando directamente su libertad de movimiento y el normal funcionamiento del medio.
El caso tomó mayor gravedad cuando, de acuerdo con el expediente, el acusado envió posteriormente mensajes con expresiones insultantes y racistas dirigidos al periodista afectado. Asimismo, habría difundido un video mostrando las llaves del candado, atribuyéndose públicamente la acción y asegurando haber impedido la transmisión del canal.
Durante la audiencia, el juez determinó imponer medidas cautelares conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal, entre ellas: prohibición de salir del país, obligación de presentarse mensualmente ante la secretaría del juzgado, prohibición de acercarse a las víctimas y restricción para visitar lugares donde se comercialicen bebidas alcohólicas.
La decisión judicial se fundamentó en la gravedad objetiva de los hechos y el riesgo procesal advertido, considerando que la conducta atribuida al imputado habría surgido como una reacción violenta frente a comentarios periodísticos relacionados con asuntos de interés público.
El Ministerio Público reiteró que este tipo de acciones representan ataques directos contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, pilares esenciales en un sistema democrático.
La institución subrayó que continuará promoviendo acciones penales en casos donde periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia sean víctimas de amenazas, agresiones o intimidaciones.
Facebook
X
WhatsApp
Telegram
