Tegucigalpa. El alcalde de Liure, El Paraíso, Hansen Ali Quintero, interpuso este lunes una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) por presuntas irregularidades relacionadas con demandas que actualmente pesan sobre la municipalidad y que han derivado en un embargo que compromete seriamente las finanzas locales.
De acuerdo con el edil, las acciones legales fueron promovidas por empleados vinculados a la pasada administración municipal, quienes reclaman montos que ascienden a 46 millones y seis millones de lempiras, respectivamente.
Esas cifras, calificadas como “exorbitantes” por Quintero, han encendido las alarmas en la actual gestión.
“En el pueblo todos nos conocemos, hay varias irregularidades en las demandas; por eso venimos a poner la denuncia en el Ministerio Público, para que dé fe y verifique lo que está ocurriendo”, expresó el alcalde ante medios de comunicación, evidenciando su preocupación por lo que considera un posible intento de afectar las arcas municipales.
Uno de los puntos más delicados señalados por Quintero es la contratación de 66 personas durante la administración anterior, una cifra que, según indicó, resulta desproporcionada para una alcaldía clasificada en categoría D. Esta situación, aseguró, podría estar directamente vinculada a las demandas presentadas.
Asimismo, denunció inconsistencias en los alegatos de algunos empleados, quienes aseguran contar con hasta cuatro años de laborar en la municipalidad, mientras que, según la actual administración, no alcanzan ni siquiera las cuatro semanas de trabajo efectivo. A esto se suma el hecho de que varios de estos trabajadores tendrían permanencia laboral con la Secretaría de Salud, lo que agrava aún más las sospechas de irregularidades.
El alcalde anunció que no limitará la denuncia al Ministerio Público. Adelantó que en los próximos días acudirá también al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General de la República (PGR) en Francisco Morazán y los juzgados de Yuscarán, con el objetivo de notificar formalmente la situación y solicitar una investigación exhaustiva.
Este caso podría destapar una compleja red de posibles anomalías administrativas que, de confirmarse, pondrían en evidencia graves fallas en el manejo de recursos públicos en el municipio de Liure, generando un impacto directo en la población que depende de los servicios municipales.


