Tegucigalpa. La Corte del Distrito Sur de Nueva York, presidida por el juez Kevin Castel, ha convocado a una audiencia para el 23 de enero a las 10:00 horas (9:00 a.m. hora hondureña) en la Sala 11D. El propósito es evaluar la extensión del juicio por narcotráfico conjunto contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla, y el exoficial de Policía, Mauricio Hernández.

La decisión de llevar a cabo esta audiencia surge a raíz de las quejas expresadas por Hernández y Bonilla durante la audiencia previa al juicio el 18 de enero. Ambos acusados manifestaron su descontento con sus respectivos abogados, alegando limitaciones y desacuerdos en la preparación de sus defensas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propone la posibilidad de designar abogados adicionales para Hernández y Bonilla como medida de precaución ante posibles interrupciones del juicio.

En la audiencia previa, Hernández declaró sentirse insatisfecho con su abogado, Raymond Colón, argumentando problemas de salud que han afectado su representación. Por su parte, ‘El Tigre’ Bonilla expresó desacuerdo con su abogado, mencionando la dedicación limitada a revisar el caso y la barrera del idioma.

La Fiscalía sugiere que cuando un acusado presenta quejas sustanciales contra su abogado, la Corte debe investigar las razones de su insatisfacción. La decisión sobre la designación de abogados públicos y el posible aplazamiento del juicio programado para el 5 de febrero ahora recae en el juez Kevin Castel.

Acusaciones

Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico desde 2004 hasta 2022. Se le imputa el uso de su posición presidencial para apoyar a organizaciones de narcotráfico, proteger a importantes narcotraficantes y recibir sobornos, incluyendo uno de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera.

‘El Tigre’ Bonilla es acusado de desempeñar un papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas entre 2003 y 2020. Se le atribuye el abuso de su cargo policial para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando armas de fuego y participando en actos de violencia extrema.

Mauricio Hernández Pineda enfrenta tres delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo proporcionar seguridad armada para envíos de cocaína y facilitar el transporte a través de Honduras mediante información confidencial. Se alega que recibió ganancias del narcotráfico a cambio de sus servicios.