Tegucigalpa. El fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, denunció que varias investigaciones relacionadas con el manejo irregular del Fondo Departamental han sido bloqueadas, a pesar de estar próximas a ser presentadas.
“Se nos han bloqueado varias investigaciones que estaban a punto de presentarse en el tema del Fondo Departamental. Esa es la pretensión de la medida. La medida es una estrategia de la defensa”, afirmó Santos, señalando que los recursos legales interpuestos por los acusados han impedido avanzar en diligencias claves.
El Fiscal explicó que entre las indagaciones pendientes figuran casos vinculados a colusiones entre bufetes privados y representantes del Estado, con el objetivo de facilitar pagos millonarios mediante demandas aparentemente amañadas.
“Hay otras investigaciones vinculadas a este caso que tienen que ver con las colusiones que han habido entre algunos bufetes y el Estado para drenar dinero de esa forma. Estos bufetes están en toda Honduras”, señaló.
Santos detalló que las demandas multimillonarias han impactado a instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Insep) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entre otras.
“Algunas ya se pagaron y otras están por entrar. Esto no quiere decir que todas las demandas sean ilegales, pero hay muchas en las que se han coludido tanto la parte demandante como los que participaron representando al Estado”, advirtió.
Respecto a la magnitud de las investigaciones, Santos recordó que, junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), se identificaron alrededor de 300 exdiputados, suplentes y actuales congresistas involucrados en la apropiación de fondos estatales. Actualmente, estima que unos 200 legisladores, entre ex y actuales, están bajo investigación por el desvío de recursos del Fondo de Paz.
El fiscal denunció que los bloqueos incluyen la negativa a autorizar pruebas técnicas. “Presentamos dos peritos para poder vaciar unos teléfonos de alguien que lideraba un grupo de ONG, y todas las defensas se han ido en amparo. Los casos ahí fueron al sueño de los justos”, lamentó.
Santos concluyó que la Uferco enfrenta “obstáculos de todas las formas habidas y por haber” para llevar los casos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que podría retrasar la presentación de requerimientos fiscales clave en la lucha contra la corrupción.
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