Tegucigalpa. La renuncia presentada por el designado presidencial de Honduras, Salvador Nasralla, ha desencadenado un intenso debate político en el Congreso Nacional, con opiniones encontradas sobre su aceptación y las implicaciones legales y políticas que conlleva.

El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía, sostiene que no hay impedimento jurídico para que el Congreso Nacional no acepte la renuncia de Nasralla, señalando que la decisión se basa en intereses políticos de los líderes de las bancadas parlamentarias. «Salvador, que fue elegido en un proyecto político y ahora que ya no quiere estar ahí porque quiere volver a la política, está sujeto a consideraciones políticas», afirmó Mejía.

La demora en el trámite de la renuncia ha sido interpretada como parte de un «juego político» por parte de algunos, incluido el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray. Anduray explica que si la renuncia de Nasralla no es aceptada, él seguiría siendo designado presidencial y se impediría su participación como candidato en las elecciones presidenciales de 2025, de acuerdo con la prohibición constitucional.

Por otro lado, el exmagistrado del desaparecido TSE, Dennis Gómez, critica la práctica de ignorar la Constitución en favor de acuerdos políticos y opina que si hubiera voluntad de aceptar la renuncia de Nasralla de manera rápida, el Congreso ya lo habría hecho.

En cuanto a la aceptación de la renuncia, la diputada Iroshka Elvir, esposa de Nasralla y miembro del Partido Salvador de Honduras (PSH), informó que cuentan con 71 firmas de diputados a favor de aceptarla.

Mientras tanto, la Junta Directiva del Congreso Nacional está evaluando legalmente la renuncia y se espera que sea discutida en una sesión la próxima semana, el martes. El resultado de esta discusión determinará el futuro político de Nasralla y su posible participación en las elecciones presidenciales.