Tegucigalpa. En una revelación que sacude los cimientos de la institucionalidad hondureña, el comisionado retirado Leandro Osorio, exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), afirmó este martes que oficiales hondureños en servicio activo mantienen comunicaciones directas con miembros del crimen organizado y pandillas que operan en el territorio nacional. Las declaraciones fueron vertidas durante su participación en el programa Frente a Frente, de Televicentro, conducido por el periodista Renato Álvarez.
Osorio, quien lideró en su momento los esfuerzos investigativos del país, fue contundente al señalar que tiene conocimiento de primera mano sobre estos vínculos que comprometen la ética y la legalidad de las fuerzas de seguridad.
«En la actualidad, tengo conocimiento que oficiales uniformados de Honduras mantienen conversaciones con los integrantes del crimen organizado», declaró sin titubeos, encendiendo las alarmas sobre el nivel de penetración que las estructuras delictivas han alcanzado en las instituciones encargadas de combatirlas.
Siete grupos criminales operan en La Mosquitia
El análisis del exjefe policial se dio en el contexto de la reciente muerte de Nemesio «El Mencho» Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el impacto que este suceso tendría en Honduras.
Osorio explicó que el poderoso cártel mexicano mantiene estrechos vínculos con la Mara Salvatrucha (MS-13), que funge como brazo logístico y de seguridad para la distribución de droga proveniente de Sudamérica.
La situación en el departamento de Gracias a Dios es particularmente alarmante. Según detalló el excomisionado, en la zona de La Mosquitia operan al menos siete organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Esa región, por sus extensas costas en el Mar Caribe y su geografía selvática, se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de estupefacientes, lo que facilita las operaciones ilícitas ante la limitada presencia estatal.
Catacamas sin fiscales: un vacío institucional
Durante su intervención, Osorio no solo apuntó contra la infiltración del crimen en la Policía, sino que también evidenció las debilidades del sistema de justicia.
«El gobierno debe apoyar la institucionalidad para combatir de forma efectiva al crimen organizado», instó, pero cuestionó la falta de personal en puntos neurálgicos.
Puso como ejemplo crítico la situación de Catacamas, la segunda ciudad en importancia del departamento de Olancho, donde actualmente no hay ni un solo fiscal disponible para atender los casos. «Esto dificulta gravemente la investigación contra los criminales», lamentó, subrayando que sin representación del Ministerio Público, las acciones policiales quedan cojas y los delincuentes encuentran un terreno fértil para sus actividades.
Expertos advierten sobre reacomodos tras muerte de «El Mencho»
El debate en el espacio televisivo también contó con la participación de otros expertos en seguridad.
José Alfredo Ponce, exresponsable de la Dirección Policial de Investigaciones, coincidió en que la caída de «El Mencho» provocará inevitablemente reacomodos en las estructuras criminales hondureñas, generando posibles disputas territoriales que podrían traducirse en un recrudecimiento de la violencia.
Ponce hizo un llamado urgente para mejorar las capacidades investigativas y el análisis de inteligencia, así como para reforzar los mecanismos de control dentro de la Policía Nacional.
«Es fundamental evitar que los oficiales sean cooptados por las estructuras criminales», enfatizó, haciendo eco de las advertencias de Osorio.
El control de cárceles y el desmantelamiento de centros de inteligencia
Por su parte, el también excomisionado policial Danilo Orellana ofreció una perspectiva histórica sobre la infiltración del crimen en el Estado.
Señaló que el problema se agravó cuando gobiernos anteriores decidieron quitar el control de las cárceles hondureñas a la Policía Nacional para entregárselo a los militares, una medida que, según su análisis, ha tenido consecuencias negativas.
Orellana reveló además una preocupante situación: el Centro de Información Conjunta, una instancia que aglutinaba a diversas agencias de investigación del país y que mantenía contacto con oficiales estadounidenses en El Paso, Texas, fue desmantelado.
«Muchas acciones gubernamentales hacen daño a la Policía Nacional», sentenció, sin ofrecer más detalles sobre las razones de esta decisión.
Los expertos coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones de combate al crimen organizado, incluyendo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. En ese sentido, propusieron que los recursos para este fin provengan de la Tasa de Seguridad, un impuesto destinado precisamente a mejorar las capacidades del Estado en esta materia.
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