El exfiscal reiteró que recibió amenazas tras investigar a diputados y redes de corrupción.
Tegucigalpa. Luis Javier Santos, exjefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), confirmó las razones que lo llevaron a apartarse del Ministerio Público de Honduras, asegurando que la decisión respondió a un desgaste profesional, limitaciones institucionales y una percepción de debilitamiento en la lucha contra la corrupción.
Durante una entrevista concedida a la emisora HRN, el exfiscal explicó que su salida no fue repentina, sino el resultado de meses de reflexión tras notar cambios en el ambiente institucional y en la voluntad política para continuar impulsando investigaciones de alto impacto.
Santos reveló que incluso meses antes ya había puesto su cargo a disposición, al considerar que ya no podía aportar de la manera que exigía la responsabilidad del puesto.
Amenazas y alertas de seguridad
El abogado relató que, durante su labor investigativa, recibió alertas de seguridad notificadas por organismos policiales e inteligencia, las cuales advertían posibles represalias por parte de personas investigadas, incluyendo diputados.
Según explicó, las advertencias señalaban que algunos involucrados esperaban que su perfil público disminuyera para intentar vengarse de las acciones judiciales emprendidas durante su gestión. Aunque en su momento recibió respaldo en materia de seguridad, el temor resurgió tras su salida y la reducción de su exposición institucional.
“Me sentía como un vegetal”
Luis Javier Santos, describió su estado profesional dentro de la institución, donde dijo que llegó a sentirse “como un vegetal”, expresión que utilizó para ilustrar la falta de dinamismo y las limitaciones que según dijo, impedían ejecutar el trabajo investigativo como él consideraba necesario.
El exfuncionario explicó que esperaba que Honduras avanzara hacia la instalación de una comisión internacional contra la corrupción, similar a experiencias previas de cooperación internacional. Sin embargo, al no concretarse esa expectativa, consideró que lo más responsable era dar paso a otra persona que pudiera dinamizar la unidad.
Limitaciones presupuestarias y casos antiguos
Santos detalló que una de las principales dificultades fue la asignación presupuestaria, la cual afirmó, reducía la capacidad operativa de las unidades especializadas.
Además, señaló que muchos expedientes asignados correspondían a casos antiguos, algunos con hasta ocho años de antigüedad, lo que complica las investigaciones debido a los plazos legales para acceder a información.
Indicó que estas condiciones no solo retrasan los procesos, sino que también generan frustración institucional al limitar el alcance de las pesquisas.
Críticas al sistema de justicia
El exjefe fiscal también cuestionó el funcionamiento integral del sistema judicial hondureño, señalando que la responsabilidad del avance de los casos no recae únicamente en el Ministerio Público.
A su criterio, otras instituciones vinculadas a la administración de justicia también influyen en los resultados, incluyendo el Poder Judicial y los entes investigativos. En ese sentido, afirmó que numerosos expedientes permanecen archivados en la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo que evidencia según expresó, una falta de voluntad para avanzar en casos de corrupción.
Sin órdenes directas para limitar funciones
Consultado sobre posibles instrucciones para restringir su trabajo, Santos aclaró que nunca recibió órdenes directas ni de la administración del exfiscal general Óscar Chinchilla ni de la actual Fiscalía General.
Afirmó que las limitaciones fueron estructurales y derivadas principalmente del presupuesto y de decisiones institucionales relacionadas con la asignación de recursos.
Expectativa sobre la nueva dirección
Finalmente, expresó su deseo de que la nueva jefatura de la unidad impulse los casos que quedaron listos o en investigación, señalando que existen expedientes avanzados que podrían presentar resultados si se les da continuidad.
Santos concluyó que el combate a la corrupción requiere no solo voluntad del Ministerio Público, sino un compromiso integral del Estado y de todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia.
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