Tegucigalpa. Trece meses han transcurrido desde que la administración de Donald Trump asumió nuevamente el poder el 20 de enero de 2025, y este tiempo se ha traducido en incertidumbre, temor y zozobra para millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos, entre ellos cientos de miles de hondureños.
Así lo refirió la Fundación 15 de Septiembre, con sede en Miami, Florida, organización defensora de los derechos humanos de los migrantes, que calificó este periodo como un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense.
“Ha sido un periodo que marca un antes y un después en la política migratoria de los Estados Unidos. Desde su primer día en la Casa Blanca, el mandatario tomó acciones contundentes contra lo que denomina ‘inmigración ilegal’, firmando órdenes ejecutivas que endurecieron la aplicación de la ley y enviaron un mensaje claro tanto dentro como fuera del país”, recordó la fundación.
El resultado ha sido un clima de angustia permanente para la comunidad migrante. Las redadas, la revisión de estatus migratorios y el endurecimiento del discurso oficial han generado una constante sensación de vulnerabilidad en comunidades que durante años han sido pilar fundamental de la economía hondureña a través del envío de remesas.
Critican a la respuesta del Estado hondureño
Frente a este escenario, la Fundación 15 de Septiembre lamentó que la administración pasada del gobierno de Honduras no se preparó adecuadamente ni ejecutó un plan sólido de protección para los connacionales en el exterior.
“No se fortaleció la red consular, no se amplió la asesoría legal ni se desarrolló una estrategia diplomática firme para anticipar el impacto de las nuevas medidas migratorias”, denunció.
Pero resulta aún más preocupante, según la organización, que la nueva administración tampoco esté enviando señales claras de que comprende la gravedad de la situación.
“La comunidad hondureña lleva más de un año viviendo bajo presión, con altos niveles de estrés e incertidumbre. No se trata únicamente de cifras migratorias, sino de familias, niños, trabajadores y empresarios que sostienen económicamente a miles de hogares en Honduras”, agregó el comunicado.
La organización cuestionó la aparente pasividad oficial frente a esta crisis: “Transmite la impresión de que el enfoque gubernamental está más orientado a la gestión de inversión y proyección política que a la defensa activa de la diáspora. Ignorar la dimensión humana del fenómeno migratorio puede tener consecuencias profundas, no solo sociales y económicas, sino también políticas”.
Finalmente, la Fundación 15 de Septiembre hizo un llamado contundente al gobierno hondureño: “El Estado hondureño tiene la obligación moral y constitucional de proteger a sus ciudadanos, sin importar dónde se encuentren. Desatender la realidad que viven nuestros compatriotas en Estados Unidos podría convertirse en un costo político significativo para quienes hoy gobiernan y para quienes aspiran a continuar en el poder”.
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