Tegucigalpa. El gobierno de Xiomara Castro incumplió una más de sus promesas y convirtió una medida de “emergencia” en un fracaso absoluto, declarado así por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) la medida destinada a proteger a 7.000 motociclistas con la compra de con cascos y chalecos, que quedó entramada en burocracia, retrasos y transferencias incompletas, mientras los recursos de 50 millones de lempiras llegaron tarde y además, solo la mitad; apenas el 20 de diciembre de 2025, pocos días después de que venciera el plazo legal de seis meses de la emergencia.
Ya estamos en 2026 y de esta medida nada se ha visto, demostrando que la administración no solo falló en ejecutar lo prometido, sino que dejó en evidencia su ineficiencia y negligencia en temas de seguridad vial.
Todo comenzó con aparente buenas intenciones, cuando la presidenta Xiomara Castro, el 5 de mayo de 2025, anunció en sus redes sociales que se destinarían 50 millones de lempiras de forma inmediata a través de COPECO, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, para apoyar a personas de escasos recursos que utilizan motocicletas como medio de transporte. La promesa incluía la compra de 10.000 chalecos y 10.000 cascos, y según la mandataria, la medida sería reglamentada en 72 horas, generando esperanza entre los beneficiarios.
Parecía un intento concreto por reducir los accidentes de tránsito, pero la historia pronto mostraría su lado oscuro; la emergencia fue emitida el 5 de junio y publicada en La Gaceta el 20 de junio, bajo el Decreto Ejecutivo PCM-020-2025, con vigencia de seis meses, plazo que vencía el 20 de diciembre.
Lo que debía ser una acción inmediata y efectiva se convirtió en un laberinto de licitaciones, aclaratorias y enmiendas, sin dictamen técnico ni adjudicación clara, retrasando la compra y entrega de los implementos y dejando a los beneficiarios desprotegidos.
De acuerdo al medio de comunicación ICN, el plazo para la recepción de propuestas se fijó el 2 de septiembre, mientras que el acto de apertura de ofertas se realizó el 12 de septiembre, con la participación de cinco empresas. A partir de entonces, el proceso quedó entramado en aclaratorias y enmiendas, sin que se emitiera dictamen técnico ni resolución de adjudicación. Según ICN, los recursos no fueron transferidos de manera oportuna ni en su totalidad, ya que se transfirió menos del 50% del monto aprobado, el 20 de diciembre, impidiendo ejecutar la compra dentro del periodo autorizado y llevando a que la acción de emergencia fuera declarada fracasada.
En este enredo, los principales protagonistas son COPECO, la secretaria de Seguridad y Finanzas.
El subinspector César Aguilar, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, declaró al Heraldo que se brindó apoyo a COPECO mediante la ejecución de un censo de motociclistas, pero que la licitación y entrega final dependían completamente de COPECO.
Por su parte, Luis Salinas, jefe de operaciones de COPECO, manifestó a dicho medio que todo quedó en manos de la Secretaría de Finanzas, evidenciando un típico caso de “tirarse la pelota” entre instituciones.
Salinas aseguró que no hubo desembolso para COPECO ni para el proyecto, y que Finanzas tenía la lista de beneficiarios, pero nunca realizó la entrega de los recursos. “COPECO cumplió con todo el proceso, únicamente faltó Finanzas”, agregó, confirmando que la parálisis administrativa fue la responsable del fracaso del programa.
Y a días de que el plazo finalizara Finanzas aparece, pero su figura no es la del héroe, sino que pareciera la del antagonista, tarde y solo con la mitad.
Ya comenzó 2026 y de este programa nada se ha visto, mientras miles de motociclistas siguen esperando lo prometido.
Lo que debía ser una acción inmediata para salvar vidas quedó atrapado en la burocracia, la negligencia y el posible mal manejo político de los recursos, convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo las promesas de emergencia se diluyen entre la ineficiencia del gobierno de Xiomara Castro.
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