Tegucigalpa. Abel Orellana, el apoderado legal de los policías depurados, ha llegado a un acuerdo amistoso con el Estado para evitar demandas millonarias. Este acuerdo se llevará a cabo a través de un proyecto de decreto que será presentado en el Congreso Nacional.

Según lo explicado por Orellana, este proyecto de decreto beneficiará a todos los policías que hayan sido sometidos a procesos de reestructuración o depuración. A través de este convenio, se buscará una reparación amistosa por los daños y perjuicios sufridos por los agentes, lo que implicará el desistimiento de las acciones en lo Contencioso Administrativo y eliminará la necesidad de entablar demandas contra el Estado.

Según el togado, de no resolverse de manera pacífica el Estado enfrentaría procesos legales en donde tendría que pagar al menos 2,000 millones de lempiras a los expolicías

Un grupo de 1,300 oficiales habrían sido separados de la institución desde el 2016 y hasta el 2020. Y para resarcir  los daños exigen el reintegro a la entidad o una compensación por sus años de servicio.