Tegucigalpa. La directora ejecutiva de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Elizabeth Rodríguez, respondió a las denuncias en su contra por supuestos abusos laborales, acoso y llamadas fuera del horario de trabajo, asegurando que su gestión está respaldada por resultados y por una trayectoria profesional sólida.
Durante declaraciones a medios de comunicación, Rodríguez manifestó que este tipo de señalamientos forman parte de las reacciones que generan los cambios estructurales que impulsa dentro de la institución.
“El trabajo habla por cada funcionario y la trayectoria también. Entendemos que estamos expuestos a cualquier crítica y a situaciones en las que muchas personas no están de acuerdo con los cambios que se están haciendo a lo interno de la OABI”, expresó.
La funcionaria sostuvo que la reestructuración emprendida busca transformar la imagen de la entidad, con un enfoque orientado a la transparencia y eficiencia en la administración de bienes incautados al crimen.
En relación con las denuncias específicas por presunto acoso y llamados fuera de horario laboral, Rodríguez evitó confirmar o desmentir directamente los señalamientos, pero enfatizó que el servicio público exige compromiso más allá de los horarios establecidos.
“Estamos haciendo un arduo trabajo… un trabajo en el cual damos más allá de nuestro tiempo. Ese es el compromiso que tenemos como funcionarios públicos en beneficio del país”, afirmó.
Uso de bienes incautados en varias ciudades
En el mismo contexto, la titular de la OABI detalló el destino de varios bienes incautados que actualmente están siendo utilizados por instituciones del Estado.
Entre ellos, destacó un inmueble en la ciudad de Roatán que estaría bajo uso de la Procuraduría General de la República y que anteriormente fue administrado por la Policía Nacional.
Asimismo, mencionó un amplio bien en La Ceiba que está siendo evaluado para uso conjunto entre el Tribunal Superior de Cuentas, la OABI y la Procuraduría, con el objetivo de reducir costos operativos.
En San Pedro Sula, indicó que existen al menos dos propiedades en análisis, ubicadas en el sector de Río de Piedras y en las cercanías de una universidad, mientras que en Tegucigalpa se buscan dos nuevos bienes, además de vehículos ya entregados a la Procuraduría.
Rodríguez también denunció posibles irregularidades en el manejo judicial de algunos casos, señalando que jueces en La Ceiba habrían incurrido en omisiones al no acatar resoluciones del juzgado de privación de dominio, lo que habría derivado en embargos considerados injustos.
Estas acciones, según explicó, ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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