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¿Difamación? Abogado Stabile advierte demandas para quien llame ‘narcotraficante’ a JOH

Redacción. Tras el sorpresivo giro en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández tras la decisión de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos, que anuló todos los cargos y la condena en su contra, su abogado defensor, Renato Stabile, brindó detalles en exclusiva a HCH, explicando que Hernández ya no puede ser llamado convicto, criminal ni narcotraficante, y que cualquier referencia a esos términos constituiría difamación con posibles consecuencias legales,  Stabile también indicó que el juez Kevin Castel, quien llevaba el caso, deberá acatar la orden de la Corte, eliminando formalmente los cargos y restaurando el estatus legal de Hernández.

En declaraciones a HCH, Stabile detalló que la Corte de Apelación del Segundo Circuito, la segunda corte más alta de Estados Unidos, emitió una orden eliminando la condena de Hernández y solicitando al juez Kevin Castel que retire todos los casos pendientes en su contra. Según el abogado, esta decisión restaura al expresidente al mismo estatus legal que tenía antes de la condena, presumiéndolo inocente.

Bueno, ya no es un criminal convicto, no lo pueden llamar un criminal convicto. Eso ha sido eliminado, no tiene ningún cargo pendiente en contra de él. Este caso será completamente terminado”.

Stabile explicó que la apelación presentada en diciembre del año pasado fue revisada por la Corte de Apelación, y que los fiscales involucrados estuvieron de acuerdo en que todos los cargos contra Hernández debían ser retirados y desestimados. Señaló que esta corte, independiente del presidente y del poder ejecutivo estadounidense, tomó la decisión de eliminar formalmente la condena, asegurando que el expresidente ahora es considerado presuntamente inocente.

El abogado enfatizó:

Muy temprano, en el momento en que el juez Castell siga la orden de la corte de apelación, que debe hacer porque es una orden de una corte superior, ahora será restaurado a ser presuntamente inocente. Todas las personas en los Estados Unidos se presumen inocentes y él será restaurado”.

Sobre los efectos en Honduras, Stabile aclaró que cualquier consecuencia derivada de la condena en Estados Unidos, como restricciones de visas o propiedades, debe ser reversible, ya que legalmente el caso ha quedado completamente cerrado y la decisión no puede ser apelada ni revertida.

Respecto a los testigos que declararon en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el abogado señaló que Hernández siempre mantuvo su inocencia, y que cualquier testimonio falso bajo juramento es responsabilidad de los testigos, mientras el expresidente recupera su estatus legal de presunta inocencia.

Stabile también hizo hincapié en la diferencia entre el indulto otorgado por el presidente Donald Trump y la apelación judicial:

El perdón fue un hecho de perdón y le permitió al presidente Hernández ser liberado de manera inmediata. Pero esto es un paso más allá. La corte eliminó y desestimó sus cargos y dio una orden de que se eliminaran. Esto ha limpiado su nombre completamente y es un nuevo inicio para el presidente Hernández y su familia”.

Sobre el panel de jueces, Stabile aclaró que la resolución fue tomada por tres jueces incluyendo a Bronis y Bianca y no por un solo juez, reforzando que la decisión fue independiente y vinculante.

Al referirse al regreso a Honduras, el abogado indicó que la decisión depende del expresidente y su familia, y recalcó que él ha trabajado como abogado pro bono, sin recibir remuneración de la familia Hernández, mostrando su compromiso profesional.

Finalmente, Stabile reiteró de forma categórica la restauración completa de Hernández y la advertencia sobre difamación:

Hay que dejar claro que él ya no es un delincuente condenado, ya no es un narcotraficante ni un criminal. Las personas ya no pueden decir esas cosas acerca de él a la fecha de hoy”.

Con estas declaraciones, Stabile deja claro que cualquier intento de llamarlo convicto o criminal constituiría difamación, y que Hernández recupera su estatus legal de presunta inocencia, marcando un nuevo comienzo en su vida pública y jurídica.