Tegucigalpa. En medio del revuelo que ha causado la reciente intervención del Ministerio Público (MP) al Consejo Nacional Electoral (CNE), surge una pregunta que no se puede pasar por alto, el 15 de julio se presentó una denuncia contra el consejero propietario, Marlon Ochoa, y dos consejeros suplentes del CNE.
¿Será esta la denuncia que está ejecutando el Ministerio Público?
En dicha fecha, tres ciudadanos, integrantes del movimiento Marchas de las Antorchas, presentaron una denuncia formal ante el ente acusador.
La acusación; que Marlon Ochoa y los suplentes Carlos Enrique Cardona y Karen Patricia Rodríguez Álvarez se negaron a asistir a las sesiones convocadas por el pleno del CNE, algunos sin presentar una razón justificada, otros con argumentos que rozan lo absurdo y que, según los denunciantes, configuran delitos electorales, incluyendo la ya clásica y gravísima traición a la patria.
Sin embargo, lo curioso es que, a pesar de que la denuncia involucra a los consejeros suplentes, el Ministerio Público ha citado únicamente a los tres consejeros propietarios, dejando fuera a los suplentes, una acción selectiva que genera más dudas que certezas, como si la denuncia presentada el 15 de julio fuera de “usar y tirar”.
Para añadirle más sabor a esta trama, la denuncia y las citaciones contra los consejeros propietarios comparten los mismos cargos: delitos electorales y, por supuesto, traición a la patria.
Así que resulta irónico, que quienes enfrentan la denuncia y quienes están siendo citados por esos mismos delitos, no estén todos en el mismo “combo”
¿Justicia ciega o estrategia con lentes selectivos?
Mientras tanto, el país observa, preguntándose si el MP realmente busca hacer valer la ley o solo está jugando su propio juego político bajo la apariencia de “imparcialidad”.
En Honduras, parece que hasta la justicia tiene sus favoritos.
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