Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro enfrenta un panorama crítico y complejo, con una opinión pública mayoritariamente negativa sobre su persona y su gestión. Más de la mitad de la población expresa desaprobación hacia su gobierno, debilitando la credibilidad de su administración y generando un descontento generalizado por promesas incumplidas y escándalos de corrupción no atendidos.
Así lo revela un reciente estudio de opinión de la empresa Tracking, con más de 18 años de experiencia en investigación de mercado y opinión pública en Latinoamérica.
La investigación se realizó del 28 al 31 de agosto de 2025 en diez ciudades importantes del país, con una muestra de 2.250 hondureños mayores de edad, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±3.5%.
El informe muestra que la percepción de la presidenta es mayoritariamente desfavorable. Solo el 23% de los encuestados tiene una opinión positiva (representado en verde), mientras que 70% manifiesta una percepción negativa (color rosa) y 7% no respondió (gris).
A más de tres años de su gestión, Castro no ha logrado consolidar índices positivos de aceptación.
Entre los factores que han influido en esta desaprobación destacan promesas incumplidas, como la eliminación de los peajes en la carretera CA-5, compromiso que su administración no cumplió alegando que hacerlo habría costado al Estado 160 millones de dólares en demandas.
Tampoco se ha concretado la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) promesa central de su campaña, cuyo retraso la presidenta ha justificado señalando obstáculos internacionales.
Asimismo, la venta del avión presidencial, anunciada como medida de austeridad, sigue pendiente, ya que la presidenta ha argumentado que su valor actual es inferior al precio de compra, “dificultando” su venta.
La administración también ha estado marcada por escándalos de corrupción que han influido en la percepción pública.
En septiembre de 2024 se difundió un video conocido como el «narcovideo», en el que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y entonces secretario del Congreso, negociaba con narcotraficantes para supuestamente financiar la campaña presidencial de 2013. A pesar de la gravedad del caso, y a un año de la revelación de las imágenes, la justicia hondureña aún no ha tomado acciones concretas.
Y el caso más reciente es en junio de 2025, cuando se reveló un esquema irregular en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se utilizaron al menos 2.8 millones de lempiras para financiar estructuras electorales del Partido LIBRE, lo que motivó a la presidenta a “exigir” una investigación urgente y transparente, pero que casi o nada se han visto resultados.
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