Tegucigalpa. En un país donde la violencia y la coerción se han convertido en motores de la migración, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), lanzó una advertencia urgente al gobierno central: la maquinaria estatal para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado está lista para operar, pero permanece paralizada por la falta de un documento y un presupuesto.
La institución insta a la administración actual a aprobar de inmediato el Reglamento de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, una herramienta clave que lleva dos años esperando ver la luz.
El desafío de una ley sin dientes: urgen reglamento y presupuesto
Aprobada en marzo de 2022, la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente representa un avance legislativo significativo. Sin embargo, su efectividad sigue siendo una promesa incumplida. Así lo explicó Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, quien detalló que el principal escollo es la falta de reglamentación.
«La Ley tiene muchos desafíos y uno de los principales es que no está reglamentada», declaró Reyes. La funcionaria explicó que la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas, liderada por la Secretaría de Derechos Humanos, tiene en sus manos un borrador de reglamento ya consensuado.
«El Reglamento está listo, fue trabajado con organizaciones de sociedad civil, instituciones del Estado y organismos de cooperación internacional. Solo se necesita que se impulse su aprobación para que la Ley entre en vigencia plenamente», enfatizó.
Pero la aprobación del reglamento es solo la mitad del camino. El otro gran desafío, según la defensora, es la asignación de recursos económicos.
«Ese es el desafío, porque la Ley está, pero no existe la asignación presupuestaria para la atención a las víctimas», sentenció. Sin presupuesto, conceptos clave como la asistencia humanitaria inmediata, el alojamiento temporal o los programas de reubicación quedan en el aire, dejando a las víctimas en un limbo legal y material.
Más de 10 mil víctimas: la radiografía de una crisis silenciosa
El llamado del Conadeh no surge de la nada. Entre 2016 y 2025, la institución documentó más de 10 mil quejas relacionadas con el desplazamiento forzado.
Solo en 2023, el año más crítico, se registraron 1,761 casos, lo que equivale a un promedio de cinco quejas diarias. Aunque en 2025 se observó una leve disminución en los registros, Elsy Reyes advirtió que la realidad en 2026 sigue siendo alarmante.
«En el 2026, el desplazamiento forzado sigue siendo una realidad en el país. Las personas siguen llegando al Conadeh de manera individual y familiar. Siguen viéndose obligadas a abandonar su domicilio», afirmó.
Las historias detrás de las estadísticas son desgarradoras: familias que huyen tras el asesinato de un ser querido, jóvenes que escapan del reclutamiento forzado por estructuras criminales, o ciudadanos que abandonan sus tierras y propiedades por amenazas y extorsión.
Los focos de esta crisis se concentran principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho y Choluteca.
Las causas son múltiples, pero todas tienen un denominador común: el crimen organizado y la violencia generalizada.
Entre los agresores señalados por las víctimas, además de las estructuras criminales, figuran elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, operadores de justicia e incluso familiares.
La voz de las víctimas: una espera que puede costar vidas
Para Elsy Reyes, la urgencia de aprobar el reglamento y destinar el presupuesto no es un trámite burocrático, sino una cuestión de vida o muerte.
«Una persona desplazada necesita, necesariamente, que se le apoye en temas básicos como su alimentación, alojamiento temporal, una reubicación y el resto de derechos que ya establece la misma Ley», explicó.
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