Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha alertado sobre un patrón persistente de incumplimiento, por parte del Estado hondureño, de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). En particular, el foco está en la falta de acción para investigar y sancionar a los responsables de delitos contra defensores de derechos humanos, especialmente aquellos dedicados a la protección del medio ambiente y los pueblos originarios.

«Hoy hemos amanecido con 8 incendios forestales a nivel nacional, donde ha sido el departamento de Olancho con mayor incidente de incendio, después los otros departamentos como Francisco Morazán, Gracias a Dios e Intibucá, se han reportado incendios», manifestó Soliz.

Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, destacó la importancia de la investigación en estos casos, afirmando que «es la satisfacción que le da las víctimas que la justicia ha llegado efectivamente».

El Conadeh también ha ofrecido su colaboración para acelerar el cumplimiento de estas sentencias, pero señaló que el éxito depende en gran medida de la voluntad política del Estado.

Desde 1988 hasta abril de 2024, Honduras ha sido objeto de sentencias en 19 casos contenciosos por parte de la Corte IDH. Actualmente, 16 casos están pendientes de cumplimiento, mientras que tres han sido archivados.

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, instó al Estado hondureño a cumplir «sin dilaciones» las sentencias de la Corte IDH, destacando que el incumplimiento de estas sentencias socava las expectativas de justicia para las víctimas y sus familias.

Las sentencias de la Corte IDH han abordado una variedad de temas, desde violaciones al derecho a la vida hasta inseguridad jurídica sobre la propiedad territorial y casos de ejecuciones extrajudiciales. Honduras fue el primer país del continente en ser condenado por la Corte IDH en el caso Velásquez Rodríguez, sentencia emitida en 1988.

En los últimos años, la Corte IDH ha emitido múltiples sentencias contra el Estado hondureño, destacando casos como el de Vicky Hernández, los buzos misquitos, la comunidad garífuna de San Juan y otros casos relacionados con violaciones de derechos humanos.

Este incumplimiento continuado de las sentencias de la Corte IDH plantea serias preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos y la justicia en Honduras, y destaca la necesidad de un compromiso renovado por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de estas decisiones judiciales.