Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras ha expuesto cifras alarmantes sobre la violencia contra los defensores del ambiente, la tierra y el territorio en el país. Según reveló hoy el Conadeh, alrededor de 30 defensores perdieron la vida violentamente entre los años 2022 y 2023, la mayoría de ellos en circunstancias impunes.

En el marco del Día Mundial de la Tierra, el coordinador de la Defensoría de los Pueblos Indígenas, Afrohondureños y del Ambiente del Conadeh, Frank Cruz, enfatizó la importancia de reconocer el sacrificio de los líderes indígenas y campesinos en la protección de la tierra, los territorios y el medio ambiente. Cruz señaló que la criminalización hacia los defensores ha aumentado en los últimos años, poniendo en peligro tanto sus vidas como las de sus familias.

En estos 24 meses, siete departamentos del país fueron escenario de la muerte violenta de, al menos, 30 defensores de la tierra, de los territorios y del medio ambiente, declaró Cruz. Detalló que alrededor de 15 perdieron la vida en el departamento de Colón, seguidos por 7 en Yoro, 3 en Atlántida, 2 en Olancho, 1 en Lempira, 1 en Choluteca y 1 en Intibucá. Entre las víctimas, 15 eran campesinos, 9 provenían de pueblos indígenas, 2 eran garífunas y 4 eran defensores del ambiente.

El Conadeh urge al Estado hondureño a garantizar espacios seguros para la labor de defensa y promoción del ambiente y la tierra, así como a proteger la integridad y vida de los defensores y sus familias. La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, llamó al Estado a realizar investigaciones exhaustivas para evitar la impunidad de estos crímenes que atentan contra los derechos humanos.

«Preocupa la impunidad de estos hechos, ya que es un problema estructural en Honduras que afecta el goce efectivo de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho», expresó Izaguirre.

Según el Conadeh, se necesita con urgencia una política pública integral de protección para los defensores del ambiente, ya que continúa siendo uno de los países más peligrosos del continente para la defensa de los derechos humanos.

Entre los años 2016 y 2022, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh ha registrado 107 quejas, destacando que 39 fueron presentadas por la comunidad garífuna, 23 por lencas, 19 por miskitos, 12 por pech, 10 por tolupanes, 2 por tawahkas y 2 por el pueblo Maya Chortí. Estas quejas revelan un patrón de riesgo y desplazamiento forzado debido al despojo de tierras, usurpación de propiedades, lesiones, amenazas y asesinatos.