Tegucigalpa. Esta mañana, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), llegó a las instalaciones del Ministerio Público para solicitar la ampliación del requerimiento fiscal relacionado con los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 2009.

En sus declaraciones, Oliva explicó que la solicitud se basa en hechos ocurridos tanto durante el golpe de Estado como en el marco de las protestas posteriores.

Oliva mencionó que en el contexto del golpe militar, más de 177 asesinatos fueron cometidos, aunque COFADEH no tuvo la capacidad para documentarlos todos a nivel nacional.

Sin embargo, señaló que han logrado reunir instrumentos suficientes que les facultan para sostener que el crimen cometido debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad, vinculado al delito de lesa patria originado por el golpe de Estado.

«Lo que estamos trabajando es con lo que pudimos documentar y con los elementos suficientes que nos permiten probar la participación de agentes del Estado de Honduras,» afirmó Oliva, señalando que algunos asesinatos fueron selectivos y otros ocurrieron durante las manifestaciones.

La coordinadora agregó que la ampliación de la denuncia va en dos vías: la ampliación de perpetradores y la ampliación de víctimas. En cuanto a las víctimas, mencionó que se buscan incluir los hechos ocurridos en las manifestaciones públicas, citando como ejemplo el caso de Roger Vallejo, quien fue víctima de represión durante una manifestación.

En cuanto a los perpetradores, Oliva ejemplificó la ampliación del requerimiento con el caso de Roberto Micheletti, quien, según Oliva, usurpó el poder de manera ilegal. Micheletti, quien fue presidente tras el golpe de Estado, fue señalado por Oliva como responsable debido a su rol dentro de la estructura que rompió el orden constitucional. «Micheletti tiene la misma responsabilidad que el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez,» afirmó Oliva, añadiendo que Micheletti, aunque en funciones ilegales, estaba al mando de las Fuerzas Armadas y ordenó las persecuciones contra los manifestantes.

Oliva también comentó sobre la incorporación de nuevas víctimas en el caso de Isy Obed Murillo, asegurando que se busca incluir a las 10 personas que fueron víctimas en el mismo evento en que Murillo perdió la vida. Según la activista, estas víctimas representan una violación grave de derechos humanos en el contexto de un crimen de lesa humanidad.

Al ser consultada sobre si hay más personas involucradas, Oliva aseguró que, aunque aún no cuentan con la capacidad investigativa completa, sí existen más perpetradores y más víctimas, pero que en este momento presentan aquellos casos donde tienen suficientes elementos probatorios. «Son los principales responsables de lo que se vivió en ese momento y además los responsables de la impunidad que hemos vivido,» recalcó Oliva.

Por último, Oliva aclaró que COFADEH y ella, como representante de la organización, no actúan por cuestiones políticas, sino que lo hacen porque buscan heredarle a Honduras un país que crea en la justicia, que confíe en su sistema judicial y en los órganos encargados de impartirla.