La iniciativa presentada ante la Procuraduría General de la República busca regular la acción de repetición para que el Estado recupere fondos pagados por errores o actos ilegales cometidos por servidores públicos.
Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) informó que presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) una propuesta de ley especial orientada a regular la acción de repetición, una figura constitucional que, aunque está reconocida en la normativa nacional, actualmente no se aplica de manera efectiva en Honduras.
De acuerdo con el CNA, el artículo 324 de la Constitución de la República establece la acción de repetición como el derecho que tiene el Estado de exigir a los funcionarios públicos el reembolso de los montos pagados por condenas judiciales, conciliaciones o transacciones originadas por conductas dolosas o gravemente culposas durante el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, el organismo anticorrupción señaló que esta herramienta carece de una regulación procesal específica, lo que ha limitado significativamente su aplicación práctica y ha impedido que el Estado recupere recursos públicos erogados por decisiones administrativas ilegales o negligentes.
El CNA advirtió que la ausencia de una normativa clara ha generado impunidad patrimonial, reincidencia en actuaciones administrativas contrarias a la ley y elevados gastos para el Estado derivados de condenas judiciales millonarias.
En la práctica, explicó la institución, el Estado termina asumiendo pagos por indemnizaciones relacionadas con despidos injustificados, incumplimientos contractuales y violaciones de derechos, mientras que los funcionarios responsables no enfrentan consecuencias económicas directas por sus decisiones.
Ante este panorama, la propuesta presentada busca establecer un procedimiento definido para aplicar la acción de repetición, fijar plazos para su ejecución, fortalecer el papel de la PGR y garantizar mecanismos efectivos para la recuperación de fondos públicos.
Asimismo, la iniciativa pretende asegurar que los servidores públicos respondan patrimonialmente por actos ilegales cometidos durante el ejercicio de sus cargos, contribuyendo al combate contra la impunidad y reforzando la protección del erario nacional.
El CNA sostiene que la aprobación de esta ley representaría un paso importante hacia la responsabilidad administrativa y la transparencia en la gestión pública, al trasladar las consecuencias económicas de las malas decisiones estatales hacia quienes las provocaron.
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