Funcionarios de esa casa hogar enfrentan cargos por maltrato, tratos degradantes y agresiones sexuales continuadas; juez ordenó reserva total para no entorpecer las investigaciones en curso.
San Pedro Sula. El caso de la casa hogar “El Refugio”, ubicada en Choloma, Cortés, ha dado un giro procesal determinante: el juez que conoce la causa declaró la secretividad del expediente. Esto significa que ninguna de las actuaciones judiciales podrá ser divulgada públicamente hasta nuevo aviso.
La medida, solicitada por el Ministerio Público, responde a la necesidad de proteger las investigaciones que aún están en curso y evitar que la filtración de información obstaculice el esclarecimiento de los hechos o ponga en riesgo a las víctimas menores de edad.
Cuatro personas fueron detenidas y remitidas al centro penal de El Progreso, Yoro. Se trata de Christof Oliver Wittwer, su esposa Petrona Bautista Pineda, Fanny Tabora y Jimmy Romero. Todos ellos enfrentan cargos graves: agresiones sexuales calificadas y continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes para impedir delitos.
La audiencia inicial fue programada para el viernes 24 de abril, y en ella el Ministerio Público presentará los elementos de convicción que vinculan a los acusados con los aberrantes hechos.
El portavoz del Ministerio Público en la zona norte, Elvin Guzmán, explicó en declaraciones recientes: “Se ha decretado a estos cuatro individuos la detención judicial. El viernes se programó la audiencia inicial, donde el Ministerio Público va a presentar los elementos que vinculan a estos hechos. El juez valoró las pruebas y dictó esta resolución. Sin embargo, se determinó que el proceso esté en secretividad porque hay investigaciones que es necesario continuar, y para evitar cualquier información que pueda perjudicar la investigación”.
La noticia ha conmocionado a la sociedad hondureña, sobre todo porque “El Refugio” era percibido como un espacio de protección para niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Tras una inspección realizada por el Ministerio Público, donde se recolectaron evidencias e indicios contundentes, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), tomó el control inmediato del centro. El objetivo es garantizar la integridad física y psicológica de los menores que aún permanecen albergados.
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