Defensa asegura que pruebas del Ministerio Público respaldan que comité técnico solo recibía documentación, según reglamento de Sedesol.
Tegucigalpa. La audiencia inicial del caso conocido como “Chequesol” fue suspendida este día debido a un inconveniente presentado en la sala judicial, específicamente relacionado con el secretario del tribunal, situación que obligó a reprogramar la continuación del proceso para mañana a las 9:00 de la mañana.
Durante la jornada, el abogado defensor Luis Romero brindó declaraciones a medios de comunicación tras la suspensión de la audiencia, señalando que la propia prueba presentada por el Ministerio Público serviría para demostrar que el comité técnico señalado en la causa tenía funciones limitadas, establecidas claramente en el reglamento interno de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Según explicó el profesional del derecho, el artículo 3 del reglamento establece que dicho comité únicamente tenía la responsabilidad de recepcionar documentos, verificar que estuvieran completos y posteriormente remitirlos a la gerencia administrativa correspondiente.
Romero sostuvo que, conforme a esa normativa, el comité no tenía participación activa en la adjudicación de fondos, la ejecución de proyectos ni en la verificación del uso final del dinero entregado mediante los cheques.
Afirmó que, una vez remitida la documentación, la responsabilidad pasaba a otras dependencias administrativas encargadas de asignar recursos, emitir los cheques y supervisar el cumplimiento de los proyectos.
El defensor también planteó un debate sobre la responsabilidad individual de los beneficiarios que recibieron fondos públicos.
Señaló que, desde una perspectiva de Estado de derecho, las personas que recibieron dinero para proyectos sociales y lo destinaron a otros fines también deberían responder ante el Estado hondureño.
“No se trata de una petición personal, sino de aplicar el sentido común y el principio de responsabilidad”, expresó, al considerar que cada ciudadano debe asumir su cuota de responsabilidad cuando se trata del uso de recursos públicos.
Consultado sobre si el Ministerio Público pudo haber presentado una acusación incompleta, Romero indicó que será el juez quien determine el alcance jurídico de los argumentos expuestos, reiterando que la defensa únicamente plantea sus posiciones con base en la ley.
La audiencia fue suspendida antes de iniciar la evacuación probatoria debido al inconveniente administrativo en la sala, por lo que mañana continuarán las exposiciones de las defensas respecto a las pruebas que proponen incorporar al proceso judicial.
Se espera que, una vez resueltos estos planteamientos, el tribunal pueda avanzar hacia una fase más sustantiva del caso, considerado uno de los procesos judiciales de mayor atención pública en relación con el manejo de fondos destinados a ayudas sociales.
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