Tegucigalpa. El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, ha expresado su preocupación por la alarmante ola de inseguridad en Honduras, destacando el desafío que representa reducir el índice de impunidad, que supera el 90%.
«Hay una fiscalía de derechos humanos actualmente y ese un reto para el fiscal general, que su impunidad que excede el 90%, de cada diez casos solo uno logra una investigación y sentencia condenatoria», lamentó Castañeda, subrayando la falta de efectividad en la investigación de derechos humanos.
Castañeda también señaló que «Hay 450 quejas bajo en el marco del estado de excepción, no hay efectividad en la investigación de derechos humanos», destacando la necesidad de abordar de manera integral este fenómeno que afecta la vida diaria de los hondureños.
Los altos niveles de corrupción e impunidad continúan erosionando la confianza en las instituciones encargadas de dar seguridad a la población hondureña. Desde el año 2000 hasta la actualidad, Honduras ha enfrentado una escalada de violencia, con cifras alarmantes de homicidios.
Según el informe mundial 2024 de Human Rights Watch, Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios preocupante. Durante los primeros 11 meses de 2023 se documentaron 2,735 homicidios en todo el país, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad.
En lo que va del 2024, 971 hondureños han perdido la vida de forma violenta, según datos de la Secretaría de Seguridad. Las armas de fuego persisten como el principal instrumento utilizado, alcanzando un preocupante 72.2%.
La persistencia de la violencia, la impunidad y el uso recurrente del estado de excepción son algunos de los desafíos más graves de derechos humanos en Honduras, según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El gobierno hondureño justificó el estado de excepción sobre la base de un aumento del crimen organizado, otorgando poderes amplios a la policía nacional y a la policía militar para implementar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales.
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