Tegucigalpa. En medio de un panorama migratorio en constante tensión en Estados Unidos, las declaraciones del analista y banquero Roberto Murillo arrojan luz sobre la compleja situación de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), particularmente de origen hondureño. Según Murillo, la lógica misma del programa choca frontalmente con la política ejecutada por la administración del presidente Donald Trump.
Murillo explica con claridad la esencia del TPS: “El TPS significa ‘temporary’, que es temporal, mientras exista una situación difícil en el país, ya sea una guerra, sea un huracán o sea algo caótico. Lo cierto es que en estos momentos en Honduras no hay nada de eso”.
Ese razonamiento, señala, ha sido el argumento jurídico utilizado por el gobierno estadounidense para poner fin a las protecciones concedidas a nacionales de Haití, Nicaragua, Honduras y otras naciones.
No obstante, Murillo subraya una aparente contradicción en la aplicación de esta política: “Dicho eso, irrelevante que hubiera algo caótico o no caótico, la administración de Donald Trump ha terminado con todos los TPS”.
La respuesta de las comunidades afectadas, agrega, ha sido recurrir a la vía legal, una batalla que, hasta ahora, parece inclinarse a favor del gobierno. “Y ahí es donde la administración Trump ha venido ganando a las comunidades emigrantes cuando los jueces determinan que el TPS se acabó y que la administración Trump puede deportar a quienes ellos quieran”.
Cuotas de deportación y dolor social
Más allá de los fallos judiciales, Murillo describe una maquinaria de deportación que se ha ampliado significativamente, generando un profundo impacto social.
“Lo cierto es que ha habido deportaciones masivas y se ha creado un enorme dolor en las comunidades hispanas, ya no solamente hondureñas; estamos hablando de todos lados”.
Relata un testimonio personal desde Chicago, donde fue testigo de cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se llevó “a un sinnúmero de personas”.
El banquero apunta un cambio preocupante respecto al enfoque inicial anunciado por Trump. “Originalmente, el presidente Trump había indicado que iban a deportar a los criminales. Pero hoy, debido a que ICE y Homeland Security tienen una serie de cuotas que les impuso la administración Trump, están agarrando a mucha gente, la mayoría de ellos que no tienen ningún récord criminal”.
Esa ampliación del objetivo, afirma, alcanza incluso a personas con estatus legal. “Inclusive, te quiero decir que residentes que tienen el Dream Card ya los están deportando. Personas que tenían el Green Card y han cometido algún crimen también los deportan”.
Una posible ventana diplomática para Honduras
En este escenario, Murillo vislumbra una posible oportunidad para los hondureños, vinculada a la vía diplomática. Señala que, a diferencia de otros mandatarios centroamericanos, el presidente de Honduras mantiene “una magnífica relación con el presidente de Estados Unidos”.
Este canal directo, según su información, podría ser determinante. “Entre nosotros no hay nadie en medio”.
Murillo plantea una acción concreta: “Yo creo que posiblemente el presidente (hondureño) pudiera perfectamente ver, llamar al secretario de Estado Marco Rubio y solicitarle el favor de que le dé un tiempo adicional a las personas de origen hondureño que están en Estados Unidos, que en estos momentos no tienen estatus”.
Ese gesto político, sugiere, podría servir como un amortiguador para “detener esto que va a pasar, porque las deportaciones pueden venir”.
La reflexión final de Murillo describe una política migratoria implacable por parte de la administración Trump, en la que las consideraciones humanitarias o las crisis en los países de origen parecen haber sido sustituidas por una estricta aplicación de cuotas y una interpretación literal del carácter “temporal” del TPS, dejando a miles de personas en un limbo legal y expuestas a una maquinaria de deportación en expansión.
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