El presupuesto contempla incrementos en educación, salud y defensa, además del fortalecimiento de instituciones como el TSC, MP, IAIP y la PGR.
Tegucigalpa. Honduras perfila su hoja de ruta financiera para 2026 con un presupuesto que supera los 444 mil millones de lempiras, una cifra que refleja un delicado equilibrio entre crecimiento del gasto, presión sobre los ingresos tributarios y una fuerte dependencia del endeudamiento. El instrumento, además de definir prioridades estatales, deja al descubierto tensiones políticas, ajustes técnicos y compromisos sociales que marcarán la ejecución fiscal del próximo año.
El Congreso Nacional aprobó anoche el Presupuesto General de la República por L444,335.8 millones de lempiras, una cifra que aunque es menor en aproximadamente 25 mil millones respecto al anteproyecto presentado en septiembre de 2025 —que ascendía a 469,249 millones—, representa un incremento frente al presupuesto vigente de 2025, que fue de 430,907.8 millones de lempiras.
Esta diferencia, cercana a 13,427 millones de lempiras, evidencia un crecimiento nominal del gasto público. El contraste entre reducción frente al proyecto anterior y aumento respecto al presupuesto vigente ha sido uno de los elementos más relevantes en la lectura del nuevo plan fiscal.
Postura oficial: orden, control y sostenibilidad
Durante la discusión, el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, defendió el instrumento asegurando que se trata de un presupuesto “realista, financiable y transparente”, orientado a fortalecer el control del gasto y promover estabilidad económica.
El funcionario sostuvo que el nuevo esquema fiscal busca dejar atrás prácticas de exceso y avanzar hacia finanzas más ordenadas, al tiempo que garantiza recursos para inversión y atención de sectores prioritarios. Según explicó, el enfoque apunta a equilibrar disciplina fiscal con respuesta a las necesidades de la población.
Sectores sociales concentran incrementos clave
Dentro de la distribución del gasto, el presupuesto mantiene su énfasis en áreas sociales. La Secretaría de Educación lidera con 46,460 millones de lempiras, lo que representa un incremento de aproximadamente 3,700 millones.
Le sigue la Secretaría de Salud, con 31,275 millones de lempiras, reflejando un aumento superior a 2 mil millones. Estos ajustes fueron parte de los consensos logrados durante el proceso legislativo.
En paralelo, también se registran aumentos en seguridad y defensa. La Secretaría de Seguridad contará con 13,307 millones de lempiras, mientras que Defensa supera los 12 mil millones, con incrementos de 1,830 millones y más de 1,400 millones, respectivamente.
Instituciones del Estado y lucha contra la corrupción
En la estructura institucional, el Ministerio Público dispondrá de 5,256 millones de lempiras, mientras que el Poder Judicial contará con 4,396 millones y el Congreso Nacional con 1,523 millones.
Estas asignaciones reflejan el peso de los órganos del Estado dentro del presupuesto, así como el fortalecimiento de instituciones vinculadas a la investigación y persecución de delitos.
Empresas públicas absorben gran parte de los recursos
El presupuesto también evidencia el peso de las empresas estatales en la economía. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) encabeza con 59,473 millones de lempiras, seguida por el Banco Central de Honduras (BCH) con 12,196 millones.
Otras entidades como Banhprovi, la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y Hondutel reciben asignaciones relevantes, consolidando el rol del sector público empresarial dentro del gasto estatal.
Inversión pública y proyectos en ejecución
Uno de los componentes estratégicos del presupuesto es la inversión pública, que asciende a 45,100 millones de lempiras, equivalente al 10.2% del total y cerca del 4.1% del PIB.
De este monto, 16,130 millones se destinan a inversión productiva, priorizando 81 proyectos, de los cuales 71 ya están en ejecución y 10 son nuevos. Asimismo, se contemplan recursos para formación de capital orientados a maquinaria, equipos e infraestructura en el sector público.
Ingresos, deuda y presión fiscal
El financiamiento del presupuesto se apoya principalmente en ingresos tributarios por 186,379 millones de lempiras, provenientes en gran medida de impuestos sobre consumo y ventas (88,317 millones) y sobre la renta (60,036 millones).
Sin embargo, el plan fiscal también contempla 66,607 millones de lempiras en deuda pública, evidenciando la necesidad de complementar los ingresos con financiamiento externo.
En este contexto, el presupuesto proyecta un déficit fiscal equivalente al 1.0% del PIB, dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Subsidios, exoneraciones y medidas de alivio
El documento incluye recursos para subsidios energéticos y de combustibles que rondan los 6 mil millones de lempiras, con énfasis en sectores de bajo consumo eléctrico.
Asimismo, las exoneraciones fiscales se estiman en 90,609.7 millones de lempiras, equivalentes al 8.3% del PIB, lo que representa un componente significativo dentro de la estructura fiscal del país.
Negociación política y ajustes al presupuesto
El contenido final del presupuesto es resultado de un proceso de negociación legislativa que incluyó alrededor de 50 modificaciones. En este punto, el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, destacó que el respaldo de su partido estuvo condicionado a la incorporación de cambios sustanciales.
Entre ellos, mencionó la garantía de no reducir el presupuesto de la UNAH, el fortalecimiento de educación y salud, el mantenimiento de subsidios para consumidores de baja energía y el aumento de transferencias a alcaldías.
Además, se incluyeron recursos para proyectos específicos de infraestructura, apoyo al agro —incluyendo la capitalización de Banadesa con 200 millones de lempiras— y obras en distintas regiones del país.
Posturas divididas en el Congreso
La aprobación contó con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y otras representaciones minoritarias. En contraste, la bancada de Libre decidió no acompañar la iniciativa, argumentando que existía una reducción real en áreas sensibles como salud, postura que fue rechazada por diputados que apoyaron el dictamen.
El debate reflejó diferencias sobre la orientación del gasto, la distribución de recursos y el impacto del presupuesto en sectores sociales.
Un instrumento clave en un entorno económico desafiante
El presupuesto 2026 se ejecutará en un contexto económico que prevé un crecimiento entre 3.5% y 4.5%, una inflación cercana al 4.58%, una devaluación del 2% y un PIB nominal superior al billón de lempiras.
Sin embargo, el entorno internacional —marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en precios de combustibles y alimentos— plantea desafíos adicionales que podrían impactar la ejecución del gasto y las proyecciones de ingresos.
Entre cifras récord y retos de ejecución
Más allá de su aprobación, el presupuesto 2026 representa un punto de partida para medir la capacidad del Estado de equilibrar gasto, inversión y sostenibilidad fiscal. Su estructura combina crecimiento moderado del gasto, dependencia de ingresos tributarios y uso del endeudamiento para cerrar la brecha fiscal.
En ese escenario, el reto no solo radica en administrar más de 444 mil millones de lempiras, sino en ejecutar esos recursos con eficiencia, responder a las demandas sociales y sostener la estabilidad económica en un contexto de alta presión fiscal
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